El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, analiza varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
La discusión comienza justo después de que una investigación policial sobre un presunto plan de golpe de Estado en 2022, que involucra al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, concluyera esta semana que los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y así justificar sus acciones.
El debate en el STF, cuya resolución se espera para 2025, debe definir entre otras cosas si las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios.
Otro punto clave es si las empresas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos de manera espontánea, sin necesidad de intervención judicial.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
Durante el debate, uno de los jueces del STF, Alexandre de Moraes, se usó como ejemplo de la falta de «buena voluntad» de las plataformas para eliminar perfiles falsos.
«Yo no tengo Instagram ni Facebook y tengo unos veinte perfiles», dijo Moraes, y agregó que las plataformas «simplemente ignoran» los pedidos de retirar cuentas de ese tipo.
En busca del equilibrio
Aunque se trata de casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
«Las plataformas digitales (…) abrieron vías para la desinformación, el odio, las mentiras deliberadas y las teorías conspirativas», dijo a la AFP el juez Luis Roberto Barroso, presidente del STF.
«En todo el mundo democrático se están desarrollando debates para proteger la libertad de expresión sin permitir que el mundo caiga en un abismo de incivilidad. (…) En Europa ya se produjo una regulación que busca ese punto ideal de equilibrio», agregó.
En opinión de Barroso, tanto el Congreso como la justicia brasileña deben actuar «con un mínimo de intervención del Estado en la expresión del pensamiento, pero impidiendo el avance de la criminalidad e incitación a la violencia».
Brasil ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las plataformas en agosto, cuando el juez Moraes ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas al combate de la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia.
Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
