El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio declaró a favor del Estado de El Salvador la cantidad de $13,790, propiedad de D.G.B., tras comprobar que representaba un incremento patrimonial no justificado, es decir, el imputado no logró presentar pruebas que respaldaran el origen lícito de los fondos incautados.
El fallo judicial se basó en una exhaustiva investigación patrimonial que incluyó 103 informes negativos de instituciones financieras del país, así como informes tributarios.
Estos documentos demostraron que el procesado no contaba con una actividad económica que justificara la posesión de dicha cantidad de dinero. Además, el juez enfatizó que se le otorgó al imputado la oportunidad de presentar la documentación necesaria para defender sus derechos, pero este no hizo uso de ella.
La incautación del dinero ocurrió el 8 de junio de 2013 en el barrio El Calvario de San Francisco Morazán. El procesado fue detenido por realizar maniobras peligrosas al conducir en una curva. Durante la inspección del vehículo, se encontró una bolsa llena de dinero en el asiento del copiloto. En esa ocasión, el individuo no pudo presentar ningún documento que justificara la procedencia de los fondos y ofreció distintas versiones sobre su origen, lo que motivó la incautación.
