Luego de 33 meses de vigencia del régimen de excepción, familiares de personas desaparecidas y asesinadas por las pandillas agradecen al presidente Nayib Bukele la implementación de la medida de seguridad que ha permitido la captura de cientos de implicados en los crímenes cometidos contra sus seres queridos.
Familiares de casos mediáticos como la futbolista del Alianza Woman, Jimena Ramírez; del cocinero del China Wok, Wilmer Escalante; los tres obreros desaparecidos y encontrados en una fosa clandestina en El Boquerón y otros casos más, conversaron con «Diario El Salvador», los entrevistados afirmaron que, gracias a las herramientas legales otorgadas por el régimen, los pandilleros que atacaron a sus seres queridos ya fueron o están siendo procesados.
«Estamos contentos con el Gobierno que tenemos, porque sabemos que nos ha ayudado bastante y los casos han sido resueltos bastante rápido. Antes se quedaba en el limbo todo y era difícil que se llegara a condenar a los culpables, pero a raíz de las buenas decisiones [régimen de excepción] de las autoridades, la Fiscalía y nuestro presidente que ha tenido a bien ayudarnos y resolver cada caso», señaló el hermano de un mecánico asesinado en el cantón Lourdes, del distrito de Colón.
LIBRE DE EXTORSIÓN
Una comerciante de Santa Tecla, a quien las pandillas le desaparecieron a su esposo y posteriormente comenzaron a extorsionarla durante tres años, agradece al Gobierno por la implementación del régimen de excepción, medida que le ha permitido continuar con su negocio, libre de pagar la mal denominada «renta».
«El 19 de abril de 2019, desaparecieron a mi esposo, yo llegué, regresé a trabajar al mismo lugar donde lo secuestraron en julio, de ahí me llegaron a abordar los pandilleros, a decirme que querían dinero, me pedían $70 cada sábado, y nosotros teníamos que reunir ese dinero para dárselos, para que nos permitieran continuar con vida, y continuar laborado», indicó la víctima.
La comerciante añadió que tras la implementación del régimen de excepción fueron capturados siete pandilleros involucrados con la desaparición de su esposo; dos de ellos, eran quienes la extorsionaban.
«Hasta que se implementó el régimen dejaron de extorsionar, nosotros estuvimos pagando todo ese tiempo para poder trabajar», afirmó la víctima.
CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN
Los entrevistados aseguran que si el régimen de excepción hubiera existido cuando sus familiares fueron víctimas de las pandillas, ellos todavía estarían con vida, por eso, solicitan a las autoridades que la medida de seguridad no se detenga y continue.
«Mi familiar [futbolista del Alianza Woman] desapareció un 23 de octubre y la encontramos 23 de noviembre de 2021, hace tres años, gracias a Dios la encontramos rápido por el apoyo de las autoridades, lastimosamente fue unos meses antes del régimen, porque creo que si el régimen hubiera estado, a ella no le hubiera pasado eso, así que nosotros estamos apoyando al presidente por las acciones que está tomando, porque vienen nuevas generaciones, nuestros hijos, y no se le desea algo así a las personas, que tengan algún familiar desaparecido y no saber de ellos», expresó uno de los entrevistados.
La misma opinión es compartida por las familiares de un cocinero de China Wok desaparecido en noviembre de 2020 y localizado enterrado en una fosa clandestina en Villa Lourdes, en enero de 2021.
«Creo que si el régimen ya hubiera estado cuando desaparecieron a mi familiar, eso no le hubiera pasado, quizás ya ni nosotros existiéramos si no se hubiera implementado el régimen. Nosotros antes del régimen, no podíamos ni salir, nosotros, medio ruidito escuchábamos y ya estábamos vigilando quien llegaba a la casa», explicó la familiar del joven cocinero.
«Para mí, el régimen tiene que mantenerse por las generaciones que vienen y tenemos que cuidar el futuro de nuestros hijos», aseguró otro de los familiares de uno de los tres albañiles desaparecidos en El Boquerón cuando acudían a instalar el equipo de una piscina.
COMISIÓN NO ESCUCHÓ A VÍCTIMAS
Los familiares de víctimas entrevistados, forman parte de un grupo de 12 personas a quienes se les negó su participación en la audiencia para examinar el impacto en los Derechos Humanos del régimen de excepción en El Salvador, desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, el pasado 10 de diciembre.
A la audiencia si invitaron como testigos a Leonor Arteaga, directora de Programas: Fundación para el Debido Proceso Legal; Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina; Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch; y a Carlos Bernal, profesor de derecho de la Universidad de Dayton y Relator para El Salvador, todos representantes de organizaciones que se oponen al régimen de excepción y que nunca se pronunciaron por las víctimas de las pandillas.
Sin embargo, a pesar de tratarse de una discusión sobre el régimen de excepción, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de EE.UU. denegó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para que familiares de víctimas de homicidios, desaparición de personas y extorsión perpetuados por las pandillas, previó a la guerra contra maras, participaran de la discusión como testigos o afectados del accionar de los terroristas.
«Jefaturas y mandos que estén involucrados en esto [audiencia], pónganse en los zapatos de las personas que en realidad andamos luchando día a día por ganarnos el sustento honradamente y no se pongan del lado de las personas que no se tocan el corazón para hacer el mal al prójimo», señaló la familiar de uno de tres obreros desaparecidos en El Boquerón.
«Esas organizaciones que no saben nada de nuestras vidas no deberían opinar, solo se dedican a defender a los delincuentes, no deberían de opinar. Realmente como ellos no están acá, no vivieron el día a día, ni la zozobra que hemos vivido, ellos no van a favor de alguien, ellos van a favor de algo político, monetario», señaló otra persona a quien las pandillas le asesinaron a su hermano en Lourdes, Colón, La Libertad.
Ambos familiares reiteraron su total apoyo al régimen de excepción y a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno, aseguraron que estas deben continuar por la seguridad de ellos como víctimas y del resto de la población quienes ya no son acosados ni agobiados por el accionar de las maras.
