Con base en los datos (Latinobarómetro 2024) hay un sentimiento ciudadano de certidumbre, reflejado en las respuestas de los salvadoreños que creen en la democracia, 79 % la acepta como el mejor modelo de convivencia política, la respaldan, aunque acepten la necesidad excepcional de actuar con rasgos autoritarios. Por eso, califican con 7.1 su sistema político, que consideran como una democracia.
Los editores del informe se preguntan ¿es o no El Salvador una democracia?, la respuesta ciudadana es inapelable, y en este caso son las masas la que definen que El Salvador sí es un país democrático, realidad conquistada después de largos procesos de luchas y guerra civil por la democracia para instaurar un Estado de bienestar, que asegure la vivencia de un catálogo de derechos ciudadanos, cívico-políticos, económico-sociales, culturales, ambientales y tecnológicos.
Hay que tener en cuenta que la democracia es la decisión de las mayorías, es el poder de esas mayorías por sobre unas minorías determinadas. No se trata de una situación estática «per se», sino de una situación dinámica que se desarrolla dentro del cuerpo social en un Estado concreto, quiénes son mayoría y quiénes minorías dependerá de cada momento y de ciertas fuerzas organizadas y élites orgánicas que dan forma a la representación de unas mayorías fácticas, que se expresan por lo general en eventos electorales. Pero la democracia son elecciones, sí, pero no solamente, son también condiciones de vida, expectativas, relaciones humanas, relaciones de poder, conflictos, estados de ánimo, sistema económico, instituciones, sistemas normativos, cultura, etcétera. Esto es crucial, un régimen democrático debe ser un escenario que abre espacios para luchas por el ejercicio del poder entre distintos grupos de interés.
Ha habido plena conciencia sobre el necesario cambio estructural en nuestras sociedades latinoamericanas, pasar de regímenes de injusticia y empobrecimiento hacia regímenes en los que se asegure la justicia social y el bienestar, pero, para ello, las instituciones deben funcionar con base en reglas democráticas que reconozcan el valor de los anhelos y las decisiones de las mayorías, en que, además de respetar la voluntad popular que se expresaba en contiendas electorales justas, se edifiquen sistemas de convivencia con justicia social.
En este sentido, los entrevistados señalan que en El Salvador la mayoría (74 %) indica que el Gobierno tiene el poder de las decisiones, y que se gobierna para las mayorías (62 %); esto es muy importante, pues fortalece la idea de ese consenso nacional logrado. Desde que llega Bukele al poder este indicador se vuelve positivo para El Salvador. Es la primera vez que un gobernante obtiene un resultado como este en estas tres décadas. Como puede leerse en los datos, esa masa no solo aplaude, también señala mayoritariamente (66 %) que debe elegirse mediante elecciones a sus representantes; y que es necesaria una oposición y un sistema de partidos políticos que compitan.
La legitimidad del poder se vuelve, entonces, circunstancial, temporal, hay unas minorías que se subordinarán hoy, pero pensando y actuando para ser en el futuro la nueva mayoría; mientras, los que hoy gobiernen, la mayoría del momento procurará mantenerse en el ejercicio del poder en el Gobierno usando los medios institucionales decididos anteriormente o modificados en su gestión, pero que le sean avalados-respaldados por sus correligionarios, y esto es determinante, las reglas se mantengan vivibles y se expresan como el consenso de una nación. Detentar el poder será un arte, una tejedora constante de consensos, una acción proactiva de las expectativas sociales y una gestión inteligente de conflictos, evitando recurrir a la violencia institucional que les niegue y cuestione su autoridad, salvo las excepciones democráticas.
En su libro sobre «Legitimidad democrática», Fabienne Peter («Democratic Legitimacy» [2009]) hace la pregunta: «¿Qué condiciones normativas deberían aplicarse a la toma de decisiones democráticas?». Y plantea que la respuesta está en la legitimidad democrática. La legitimidad implica un ideal de cómo los miembros de un electorado democrático deben tomar decisiones sobre cómo organizar su vida en común.
Es obvio que, desde la perspectiva de las masas, en El Salvador, tal como lo afirman los entrevistados por Latinobarómetro 2024, hay una legitimidad de origen y de ejercicio del poder, por eso cuando opinan sobre cambios 46 % señala que se puede mejorar con pequeños cambios, 24 % dice que el país está bien como está y solo el 11 % cree que debe haber cambios profundos.
