Los seis meses de plazo para la entrada en vigor de la Ley Anticorrupción luego de su aprobación por la Asamblea Legislativa es para poder activar toda la institucionalidad que conlleva la puesta en marcha de esta normativa que perseguirá dicho flagelo en los tres Órganos de Estado, las municipalidades e instituciones autónomas y descentralizadas, y sus corruptores, explicó el criminólogo Ricardo Sosa.
El experto recordó que la nueva ley crea el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), que establecerá lineamientos y políticas necesarias para lograr la articulación armoniosa de todas las instituciones integrantes del mismo.
El criminólogo también explicó que con la norma se dará vida al Centro Nacional Anticorrupción (CNA), que funcionará ininterrumpidamente y deberá contar con las plataformas tecnológicas necesarias para trabajar de forma articulada con el Sinac.
«(El Sinac) requiere de coordinación y detalles que debe liderar la Fiscalía», mientras que el CNA necesita «de tecnología de punta» para poder realizar su trabajo satisfactoriamente, agregó Sosa.
«Esto demanda tiempo, requiere inversión, requiere presupuesto extraordinario, de talento humano para el peritaje», explicó el también experto en victimología y seguridad.
