Este martes, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, llegó a la Asamblea Legislativa a presentar 150,000 firmas que apoyan una carta en la que piden la derogación de la Ley de Minería Metálica, recientemente aprobada para regular la extracción de oro y otros metales preciosos dentro del territorio nacional.
La Ley de Minería Metálica surgió porque El Salvador era el único país en el mundo en el que se prohibía todo tipo de extracción de metales. Ninguna otra nación en el globo le ha dado la espalda a las riquezas en su subsuelo como lo había hecho El Salvador. La prohibición surgió después de un intenso lobby realizado por la Iglesia y activistas ambientales y ante la posibilidad de que empresas extranjeras sin ningún respeto por la naturaleza y las entonces débiles leyes del país pudieran provocar un desastre ecológico.
No obstante, el Gobierno del presidente Nayib Bukele presentó la iniciativa de autorizar la minería precisamente porque se implementarán controles estrictos y, a diferencia de las administraciones de ARENA-FMLN, las leyes se cumplen y las instituciones son fuertes y comprometidas con el bienestar del pueblo.
Durante el programa de entrevistas Diálogo con Ernesto López, de Megavisión, el sacerdote Edwin Baños decía que «la Iglesia en El Salvador está en contra de que [la minería] se explote aquí, pero no en el mundo», porque somos un país pequeño, sobrepoblado y con escasez de agua.
En el mundo hay ejemplos de países pequeños, sobrepoblados y con poca agua que explotan sus recursos mineros de forma exitosa y minimizando los impactos ambientales.
Israel, con un tamaño similar al de El Salvador (pero con la diferencia de que el 60 % de su territorio es desierto), ejecuta minería responsable de potasio y minerales del mar Muerto, convirtiéndose en líder mundial de reciclaje de agua y desalinización.
Muy cerca también está Jordania, uno de los grandes productores mundiales de fosfatos, esenciales para los fertilizantes. Chipre, una isla en el Mediterráneo, extrae cobre desde la antigüedad y las minas modernas priorizan uso eficiente de agua mediante sistemas cerrados, y reconvierte sus antiguas minas para hacer turismo ecológico.
La doctrina misma de la Iglesia católica no se opone a la minería en general, sino a las prácticas injustas, explotadoras de personas o dañinas para el medioambiente y las comunidades, e incluso aboga por una minería responsable y sostenible que beneficie a toda la humanidad. Y eso es precisamente lo que el Gobierno del presidente Bukele pretende hacer para El Salvador.
