Un total de 11 certificaciones fueron entregadas por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con lo cual el máximo tribunal avanza hacia una justicia más accesible, oportuna y transparente, alineada con los principios de simplificación y eficiencia que promueve la Política Nacional de Mejora Regulatoria.
Los 11 certificados corresponden a modalidades de cinco trámites debidamente inscritos en el Registro Nacional de Trámites (RNT), los cuales son: autorización de abogado, solicitud para la autorización de elaboración de sellos de abogado, autorización de los abogados para el ejercicio del notariado, solicitud para la autorización de elaboración de sellos de notario y autorización de hojas de libro de protocolo.
Durante el evento, la directora del OMR, Mariana Gómez, destacó que este tipo de iniciativas permiten construir un país más ágil y eficiente, en el que los trámites sean rápidos, sencillos y transparentes, fomentando así la inversión y el desarrollo.
«Alcanzar esta certificación implica atravesar un riguroso proceso de simplificación y revisión legal, con base en la Ley de Mejora Regulatoria, permitiendo eliminar barreras burocráticas que históricamente han afectado a los usuarios del sistema judicial y administrativo», señaló Gómez.
Por su parte, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, indicó «este es un paso gigantesco hacia la modernización y simplificación en la agilización de procedimientos».
El funcionario enfatizó que esta certificación responde a una visión de trabajo orientada a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.
«En apenas seis meses de gestión, ya se observan resultados concretos de los planes de mejora regulatoria, agradezco el acompañamiento técnico del OMR para alcanzar esta meta institucional», dijo Mejía.
Con este avance, la CSJ se suma a las 27 instituciones que han simplificado sus trámites, logrando reducciones de hasta un 60 % en los tiempos de respuesta y la eliminación de más de 800 requisitos innecesarios, en línea con la política nacional de mejora regulatoria impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
