Chaves fue señalado por el fiscal general Carlo Díaz, con quien tiene un abierto enfrentamiento, de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.
La Fiscalía atribuye al presidente el delito de concusión, que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel a funcionarios que obligan o inducen a «dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial».
Díaz presentó la acusación ante la Corte Plena para que la analice y decida si pide al Congreso que debata un levantamiento de la inmunidad contra Chaves para que sea procesado.
El comunicado agrega que la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento «aparentemente» indebido.
En medio del choque de poderes, en un país de reconocida trayectoria democrática, las autoridades judiciales y electorales siguen investigaciones contra el presidente por supuesta beligerancia política.
En sus conferencias y actos oficiales, Chaves suele descalificar a partidos de oposición, jueces, fiscales y diputados, y con frecuencia ataca a la prensa crítica.
Chaves, un economista conservador de 63 años, exfuncionario del Banco Mundial, no puede aspirar a la reelección consecutiva por estar prohibida, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.
Su perfil de líder populista de mano dura le favorece en los sondeos.
Ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2026 para realizar una serie de reformas en el país.
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