El Salvador se ha comprometido a ir disminuyendo de forma gradual su deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB), con la meta de que para 2045 la misma no podrá superar el 70 % del PIB, según establece la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal.
La normativa fue aprobada ayer por la Asamblea Legislativa, con 59 votos de los diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN y ARENA. Solo el partido Vamos, a través de Cesia Rivas, la diputada suplente de Claudia Ortiz, votó en contra.
Uno de los objetivos de dicha ley es contribuir a la estabilidad macroeconómica del Estado salvadoreño, además de considerar la política fiscal como una herramienta indispensable para el crecimiento económico.
En ese sentido, el decreto establece que «el país debe procurar garantizar la estabilidad fiscal y una estructura de finanzas públicas sostenibles que implique un razonable ejercicio del gasto público, el fortalecimiento progresivo de los ingresos públicos y una trayectoria de la deuda pública con pensiones sostenibles en el largo plazo».
Para lograrlo, la ley detalla la creación de una regla fiscal, con un objetivo de mediano y largo plazo; el establecimiento de un marco fiscal de mediano plazo y un presupuesto anual; así como la publicación de la situación fiscal actual y sus perspectivas de mediano plazo.
Respecto a la reducción gradual de la deuda pública, incluyendo pensiones, se estableció que para 2030 no se podrá comprometer más del 80 % del PIB; mientras que para 2035 no podrá ser mayor al 75 % del PIB; y para 2045 el techo deberá ser el 70 % del PIB.
«Este nivel permite financiar necesidades presupuestarias y responder a emergencias, manteniendo los costos de endeudamiento bajos y minimizando los riesgos financieros», se explica en la iniciativa de decreto enviada por el presidente Nayib Bukele.
Según Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, «la proyección es ir bajando con un plan de mediano plazo, de cinco años, que será público».
A largo plazo, las metas de deuda pública se razonarán y revisarán cada 10 años por la Asamblea Legislativa, pudiendo ser suspendidas si el PIB cae en un 1.5 % en dos trimestres consecutivos, o cuando se determinen un estado de emergencia, desastres naturales o conflictos internacionales que impliquen un costo de al menos 1 % del PIB.
Guevara planteó que dichas proyecciones y procesos de transparencia fiscal se cumplirán «bajo la tutela de los organismos financieros internacionales».
La ley aprobada ayer sustituye a la creada en noviembre de 2016, que se descontinuó en marzo de 2020, durante el período de la pandemia por Covid19, y la cual «estaba basada en un tope de deuda de 65 %. Este es un nuevo esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal», aseveró Guevara.
Cesia Rivas, de Vamos, manifestó que votar a favor de la Ley de Responsabilidad Fiscal era «pecar de inocente», porque limitar la deuda es «medicina amarga» para la gente.
Francisco Lira, de ARENA, dijo que «está claro que esta medida obedece a un cumplimento que deben realizar al Fondo Montario Internacional», pero que «llegó algo tarde».
