La Ley de Sostenibilidad Fiscal, recién aprobada por la Asamblea Legislativa, representa un gran avance en el trabajo por mejorar la economía de país, señalan el analista y sociólogo René Martínez Pineda y el especialista en administración pública y analista Nelson Flores.
Dicha normativa se creó con el propósito de limitar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se compromete para el pago de deuda pública y pensiones, para el mediano y largo plazo, hasta alcanzar un techo máximo del 70 % del PIB.
Martínez Pineda considera que los alcances de la nueva ley son «mucho mayores» a los detallados en la generalidad; puesto que «se sentarán las bases fiscales para la estabilidad macroeconómica y la ampliación de la fortaleza de la estabilidad microeconómica».
Otro alcance de la nueva ley de sostenibilidad identificado por Martínez es que «se constituirá en la ventaja competitiva más importante en materia de atracción de la inversión».
Para Flores, el marco normativo en mención implica que el «país podrá recibir asesoramiento sobre políticas macroeconómicas, estructurales y de desarrollo, ayudando al país a tomar decisiones que promuevan la estabilidad y el crecimiento».
En la ley se detalla un mecanismo paulatino, progresivo y permanente, para que El Salvador alcance la sostenibilidad fiscal.
Según Flores, este aspecto es relevante debido a que ese tipo de acuerdos «se dan por fases y el éxito que tenga cada fase permite ampliar los portafolios de financiamientos con otros organismos financieros, que se suman a este modelo de desarrollo de país».
La Ley de Sostenibilidad Fiscal contempla el componente de la transparencia, ya que la información de la situación económica del país y los avances de cumplimiento durante los plazos establecidos deben ser compartidos y publicados.
«Se podrá monitorear la evolución económica y crecimiento de país, con mayor efectividad, y eso contribuye a prevenir crisis económicas», consideró Flores.
En esa línea, Martínez destacó que la nueva ley es «estratégica para identificar y anticipar los riesgos fiscales en el mediano plazo, así como los riesgos macroeconómicos, municipales y los referidos al sistema de pensiones».
Ambos profesionales coincidieron en que la creación de dicha normativa demuestra el manejo «responsable, eficiente y efectivo» de las asignaciones financieras que hizo el Fondo Monetario Internacional a El Salvador.
Martínez destacó que «el país tendrá un mejor soporte para alcanzar el milagro económico propuesto por el presidente Nayib Bukele».
