En la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, los ciudadanos calificaron con nota de 7.78 el régimen de excepción, medida constitucional que refuerza el Plan Control Territorial (PCT) para combatir a las pandillas y el crimen organizado, que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022.
Dicha medida fue avalada en la legislatura 2021-2024, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y GANA. Las bancadas de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no la respaldaron.
La aprobación de la herramienta legal fue solicitada por el presidente Nayib Bukele, para combatir a las pandillas que, entre los días 25 y 25 de marzo, de 2022 provocaron un repunte de asesinatos a escala nacional.
Con el régimen de excepción vigente y las acciones del PCT, el Gobierno logró frenar el repunte de los homicidios.
La oposición política con representación en la Asamblea Legislativa intentó derogar la vigencia de la medida por medio de una propuesta de ley que fue presentada por el grupo parlamentario del FMLN; sin embargo, no tuvo respaldo y fue archivada.
Luego de los intentos de la oposición por desbaratar la medida y a tres años de su vigencia, los ciudadanos creen que aún debe de continuar para seguir con el combate de la criminalidad, según los datos proyectados por el Iudop-UCA.
Ante la pregunta: ¿el régimen de excepción debe de prorrogarse por más tiempo o cree que en estos momentos ya es necesario buscar otras medidas diferentes? El 60 % de los ciudadanos (seis de cada 10) respondieron que el régimen debe prorrogarse.
Para el 37.7 % ya es necesario que el Gobierno busque una medida diferente para combatir la inseguridad y el 2.4 % no respondió a la interrogante.
En el informe sobre la encuesta se indica que «el régimen de excepción se mantiene bien evaluado, pero la población sigue expresando la necesidad de avanzar a nuevas medidas».
Desde su aprobación el Ejecutivo ha impulsado varios pliegos de reformas a normativas, como el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el objetivo de aumentar las penas carcelarias contra los miembros de las pandillas por su pertenencia a estas estructuras y por el cometimiento de delitos, como homicidios y extorsiones.
La oposición argumenta que el régimen violenta derechos humanos de los ciudadanos y que la población tiene temor de la medida constitucional.
Sin embargo, la encuesta del Iudop-UCA proyectó que el 65.2 % de la población, es decir, seis de cada 10, no sienten temor por la medida constitucional. El 20 % contestó que tiene poco temor, el 6.1 % algún temor y el 8.7 % mucho temor.
