Se trata de hacer que el sistema sea «más robusto y solvente», resumió la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó este decreto.
Las medidas se centran en un refuerzo de la supervisión, de la capacidad de control de la tensión y de amortiguación de las oscilaciones eléctricas en la red, un factor «fundamental» según la ministra, al igual que «el almacenamiento, la flexibilidad y la electrificación».
Entre las medidas que figuran en este decreto se encuentran la suavización de los plazos para la instalación de nuevos proyectos eólicos y solares, y los incentivos para desarrollar el almacenamiento en estas plantas de producción de energía renovable, en particular mediante la instalación de baterías.
Estas medidas confirman el apoyo del Gobierno de izquierda español al sector de las energías renovables, que en su momento fue criticado por su supuesto papel en el apagón del 28 de abril, un rol que finalmente quedó descartado por las diferentes investigaciones.
Según un informe de expertos dirigido por el ministerio de Transición Ecológica, el apagón fue provocado por un fenómeno de sobretensión que provocó una «reacción en cadena», agravada por la desconexión de algunas centrales eléctricas por iniciativa de los operadores.
Este informe señaló tanto fallos en la gestora de la red española REE, que planificó para aquel día el menor control de tensión en lo que se llevaba de año, así como a las empresas productoras, que desconectaron centrales de «manera indebida (…) para proteger a sus instalaciones».
Estas críticas fueron rechazadas tanto por la REE como por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a los principales productores españoles, que se culparon mutuamente del suceso.
