Encarnecidos discursos han surgido desde la oposición, con ataques «ad hominem» a quienes queremos pensar distinto o, peor aún, a quienes queremos simplemente pensar. Al parecer, los que en algún momento se han denominado los más pensantes no tienen argumentos válidos para debatir, o al menos analizar las causas del porqué más del 90 % de la población sigue respaldando el liderazgo de Nayib Bukele y sus exitosas políticas públicas.
El último ataque surgió de la revista «Factum», que en un reciente editorial ha atacado abiertamente al Círculo, argumentando entre varias palabras bonitas y retórica que «no se puede ser intelectual y apoyar a una dictadura». Dicha afirmación parte de un reduccionismo grave: no definen lo que ellos consideran dictadura, y simplemente pasan por el descrédito de cualquier pensamiento crítico no alineado con la oposición y sus argumentos infundados, pretendiendo monopolizar la figura del intelectual como un sujeto inherentemente opositor.
Sin embargo, el intelectual no está obligado a ser un disidente crónico. También puede pensar desde el cambio, desde la reforma, desde las transformaciones reales y tangibles; la intelectualidad puede estar del lado del poder cuando este se ejerce en beneficio de las mayorías.
Más allá de las definiciones desconocidas que puedan tener los que hicieron el guion de «Factum», somos contundentes en sostener, desde un enfoque serio, que El Salvador no es una dictadura, y no solamente por los resultados electorales abrumadores que revisten de legitimidad sin precedentes al Gobierno de Nayib Bukele, sino por muchos elementos de la realidad nacional que desbaratan con argumentos la falacia que se quiere imponer.
El hecho de apoyar un proyecto político legítimamente electo no convierte a nadie en propagandista. Nos vimos tentados a no responder, pero creemos oportuno reivindicar nuestro derecho de pensamiento crítico y de manifestarnos en favor del proceso de transformación, no solo desde su negación.
En ese sentido, sostenemos que El Salvador se encuentra en una transformación democrática inédita en la historia de los países de América Latina, que contrasta con elementos reales la insistente narrativa de algunos medios y organizaciones, pues basta con explicar que El Salvador no cumple con los criterios clásicos de una dictadura. Así que ilustraremos un poco a quien tiene definiciones alejadas de la realidad:
En El Salvador hay elecciones libres, periódicas y multipartidistas. El pueblo ha elegido para un segundo mandato a Nayib Bukele por abrumadora mayoría (más del 80 %), con una participación electoral masiva y sin evidencia de fraude, hecho reconocido e informado por todas las misiones de observación electoral que acompañaron al país en las elecciones de 2024.
En El Salvador funciona el sistema de partidos, aunque la oposición ha perdido credibilidad electoral, y ha obtenido resultados desastrosos que la han llevado al borde de la desaparición como partidos políticos; los partidos opositores siguen existiendo y participan libremente en los procesos electorales, una cosa distinta es que no alcancen las simpatías del electorado.
La prensa crítica sigue operando, aunque algunos de ellos se hayan autoexiliado; medios como «Factum», «El Faro» o «Gato Encerrado» publican a diario, sin ningún tipo de censura formal o institucionalizada, la población les critica su visión sesgada y abiertamente opositora, y en algunos casos los comentarios llegan hasta los insultos, pero eso no significa que estén prohibidos.
El discurso de la oposición busca encasillar cualquier decisión en pro de la transformación como dictadura, pero el pueblo salvadoreño ha dado un mandato claro: es necesario un cambio estructural, y ese solo es posible tomando decisiones políticas adecuadas, que incluyan el respaldo de otros órganos de Estado, particularmente de la Asamblea Legislativa, en donde con el apoyo y la legitimidad electoral posee una mayoría abrumadora por parte del partido Nuevas Ideas; ignorar esa voluntad democrática es desconocer al soberano que se expresó masivamente en las urnas.
La narrativa que pretende que el único pensamiento válido es el que se opone al presidente Bukele en realidad revela una actitud antidemocrática por parte de la oposición. ¿Por qué un intelectual no puede respaldar un proyecto político si cree en él? ¿Desde cuándo pensar en favor de un Gobierno descalifica la razón? El pensamiento crítico no es propiedad exclusiva de los opositores. También hay pensamiento crítico desde la afirmación, desde el compromiso con el presente, en la realidad de las transformaciones. Apoyar la visión del presidente Bukele no significa rendir culto, sino reconocer que el país está viviendo un proceso inédito de transformación institucional, política y social.
Los intelectuales que respaldamos este proyecto no lo hacemos desde la comodidad, sino desde la convicción, arriesgándonos a la cancelación, estigmatización y señalamientos por parte de quienes se autodenominan los dueños de la razón y que antes monopolizaban la opinión. En su cabeza solo pueden ser intelectuales quienes ataquen al Gobierno.
Han generado una pobre idea de que todo intelectual debe oponerse al poder, aunque ese poder esté beneficiando a la mayoría del pueblo en políticas exitosas de seguridad, educación, y tenga trabajo avanzado y con rumbo definido en otros temas como la economía y la salud. A lo largo de la historia, muchos de los más influyentes pensadores han apoyado Gobiernos, muchas veces por convicción, no por conveniencia, sin que eso necesariamente resulte en un ejemplo de su actuar, pero se validan o se destruyen con argumentos, no con descalificaciones personales.
La oposición al presidente Bukele quiere presentarse como la única forma legítima de pensamiento, olvidando que ese elitismo intelectual deja fuera a cientos de académicos, pensadores, escritores, artistas y profesionales que creen sinceramente en la dirección del país. Defender las transformaciones positivas no implica rendirse al poder, sino comprometerse con la realidad nacional y en la construcción de la patria.
