La cancillería colombiana presentó el viernes una nota de protesta diplomática ante Quito por considerar que la deportación se realizó de «manera unilateral» e «incumpliendo» el derecho internacional.
«Han sido deportados más de ochocientos PPL’s (personas privadas de la libertad)», dijo la gobernadora de Carchi, Diana Pozo, a la prensa en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán (capital de Carchi).
Bajo el resguardo de decenas de policías y militares de Ecuador, los presos con uniformes de color naranja debieron hacer fila para cruzar hacia su nación, constató la AFP.
En la madrugada, algunos reclusos que llevaban pantalones cortos y camisetas realizaron ejercicios físicos para combatir el frío andino. «Queremos pasar, queremos pasar», gritaron mientras esperaban que las autoridades colombianas los reciban.
Una fuente de la gobernación de Carchi, que pidió no ser identificada, indicó a la AFP que el viernes empezó la deportación de unos 870 presos colombianos, que representan casi un 60% de las personas de esa nacionalidad que permanecía en prisiones ecuatorianas.
«Hemos realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que este proceso de deportación sea ágil y que no haya un colapso en el puente», añadió la gobernadora Pozo.
Sin embargo, las autoridades colombianas aseguran que no fueron notificadas de las deportaciones.
«El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia» para recibirlos, sostuvo el secretario de Gobierno de municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales.
«Tuvimos que generarlo a última hora para poder apoyar y hacer la atención humanitaria», agregó.
El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, indicó este sábado que se recibirán al menos 1.061 colombianos.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó en un comunicado que Quito inició la deportación «desatendiendo las respetuosas y reiteradas» solicitudes que le hiciera para generar antes un protocolo. Además tildó la medida de «gesto inamistoso».
Bogotá movilizó a su canciller encargada, Rosa Villavicencio, hasta Rumichaca para atender la situación.
La cancillería ecuatoriana indicó este sábado en un comunicado que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio, que se realizan con «respeto a los derechos humanos» y tras revisión individual del caso de cada preso, por lo que .«rechaza (…) la afirmación de una supuesta deportación colectiva».
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa expresó en 2024 su deseo de deportar a reos colombianos para descongestionar las prisiones. En abril, unos pequeños grupos empezaron a ser trasladados hasta la frontera.
Su homólogo Gustavo Petro mostró su desacuerdo e indicó que debía establecerse un plan conjunto para respetar sus derechos.
