La mayoría de empresas del sector se sumaron al llamado a apagar los motores por 24 horas en varios distritos de la capital peruana, tras un fin de semana en el que un conductor murió y otro resultó en ataques armados.
Bajo un fuerte dispositivo policial, los manifestantes bloquearon con autobuses varias calles importantes, incluidos tramos de la Vía Panamericana y quemaron neumáticos en la protesta más fuerte que han realizado este año contra el chantaje de múltiples organizaciones.
«No nos sentimos protegidos por esta matanza que esta habiendo de tantos choferes por las extorsiones. ¡Queremos una solución!», sostuvo el conductor de autobús Juan Carlos Pineda, de 42 años, tras estacionar su vehículo en la vía.
«No puedo trabajar tranquilo, salgo a trabajar pensando en que si voy a llegar vivo o me van a matar», dijo a la AFP.
Varias actividades se vieron interrumpidas por el paro de los choferes. Ante la reducción de la oferta de transporte público, colegios y universidades suspendieron clases presenciales y algunos comercios cerraron sus puertas.
Hacia el fin de la tarde, la policía intentó despejar las vías, sin que se reporten incidentes.
El avance de la extorsión tiene en jaque al impopular gobierno de Dina Boluarte, que incluso este año recurrió a los militares para que apoyen a la policía en el combate a los extorsionadores.
A nivel nacional, las denuncias pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
«No nos van a ganar esta batalla»
Pese a las acciones del gobierno, las extorsiones siguen en aumento. Solo entre enero y agosto la policía había recibido 18.385 denuncias en todo el país.
Organizaciones como Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte o Tren de Aragua, de origen venezolano, son sinónimos de miedo y silencio.
Este lunes los transportistas pegaron mensajes en sus vehículos en repudio contra las extorsiones que tienen en jaque la política de seguridad del gobierno.
«Queremos vivir, ni un muerto más», se leía en los parabrisas donde también pusieron crespones negros o las fotos de los conductores asesinados.
Las bandas exigen el pago de hasta 50.000 soles (14.350 dólares) mensuales a las empresas de transporte, según han denunciado sus dirigentes.
Cuando se rehúsan a pagar los llamados, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro.
Al menos 47 conductores han muerto a manos de pistoleros entre enero y octubre, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector que agrupa 460 empresas en Lima y del vecino puerto de Callao.
«Tenemos que salir a protestar en defensa de la vida ante un gobierno indolente que hasta ahora no soluciona el problema», afirmó a la AFP Martín Valeriano, presidente de esa organización.
La presidenta Boluarte envió un mensaje a los transportistas que exigen medidas contundentes contra los extorsionadores.
Vamos a «vencer esta lacra que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, que es el asesinato. Los vamos a atrapar, no nos van a ganar esta batalla», afirmó la mandataria en un acto oficial en el sur de Lima.
