En su segundo informe anual, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores también denuncia que la «resistencia cultural» frena la lucha contra la violencia en muchas diócesis y señala las «grandes disparidades» entre regiones.
Por primera vez, 40 víctimas contribuyeron a la elaboración del documento, algunas de las cuales denunciaron presiones por parte de responsables de la institución, más de 20 años después de las primeras revelaciones a gran escala en Estados Unidos.
«Mi hermano era seminarista. El obispo le dijo a mi familia que mi denuncia podría comprometer su ordenación», contó una de ellas. Otra relató que su familia fue excomulgada públicamente tras presentar su denuncia.
«Es un verdadero grito por parte de las víctimas: no se sienten escuchadas, no se sienten acompañadas, a veces no hay una relación empática, ni siquiera de respeto», señaló el colombiano Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, en una rueda de prensa el jueves.
El documento de 103 páginas, presentado en septiembre al papa León XIV, insiste en las reparaciones a las víctimas, mediante apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones económicas.
Pero también subraya la importancia de «comunicar públicamente los motivos» de la destitución de un sacerdote.
«Cultura del silencio»
Ante las «lagunas sistemáticas persistentes» de la Iglesia, este informe anual pretende ser «una herramienta», declaró en una entrevista a AFP el arzobispo francés Thibault Verny, nombrado en julio presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores por León XIV.
«Las figuras de autoridad dentro de la Iglesia que cometieron o permitieron abusos tal vez se consideraron demasiado esenciales e importantes como para ser consideradas responsables. La respuesta de la Iglesia a los abusos no debe reproducir los mismos errores», indica el informe.
Tras examinar en 2024 los casos específicos de unos 20 países, la comisión pone de relieve los «tabúes culturales» y la «cultura del silencio» que rodea estas violencias, de Malta hasta Etiopía, pasando por Mozambique o Guinea.
Italia, con vínculos históricos con el Vaticano, es especialmente criticada por mostrar «una resistencia cultural considerable a la lucha contra los abusos», afirma el documento.
También reprocha a los obispos del país no haber colaborado lo suficiente, ya que solo 81 diócesis de un total de 226 respondieron a un cuestionario de investigación.
«A la defensiva»
El papa Francisco creó al inicio de su pontificado, en 2014, esta comisión compuesta por expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos, como el derecho, la educación, la psicología o la psiquiatría.
Tras las múltiples críticas sobre su funcionamiento y la dimisión de varios de sus miembros, el pontífice argentino la integró en 2022 en la Curia romana, el gobierno de la Santa Sede, y pidió un informe anual sobre sus avances.
Su sucesor León XIV, elegido en mayo, «se ocupó muy pronto de esta cuestión» al recibir a sus miembros. «Percibimos que se tomaba muy en serio esta grave e importante misión», confió monseñor Verny.
En su primera entrevista publicada en septiembre, el pontífice estadounidense -que también tiene la nacionalidad peruana- mencionó la importancia de proteger a los sacerdotes víctimas de acusaciones falsas, lo que provocó la inquietud de las asociaciones de víctimas que reclaman tolerancia cero.
«Puede haber acusaciones falsas. Hay que reconocer que se trata de proporciones muy, muy pequeñas», precisó monseñor Verny a AFP, subrayando la importancia, para la Iglesia, «de no estar constantemente a la defensiva».
Desde 2013 hasta su muerte en abril de 2025, Francisco multiplicó las medidas contra la proliferación de los abusos sexuales, pero el secreto de confesión sigue siendo absoluto y el clero no está obligado a denunciar posibles delitos ante la justicia civil, salvo que las leyes del país lo exijan.
