El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó de «inaceptable» la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II el 12 de octubre; por ello, aceptó las renuncias de tres funcionarios de seguridad. Además, acelerará la construcción de una cárcel de máxima seguridad y se apoyará del FBI y otras instituciones estadounidenses para combatir al crimen organizado.
En un mensaje a la nación, el jefe de Estado comunicó que aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; de la viceministra Antinarcóticos, Claudia Palencia; y del viceministro de Seguridad, José Portillo.
El nombramiento de los nuevos funcionarios se anunciará próximamente, dijo.
Por la madrugada, Portillo ya había anunciado su renuncia al cargo e interpuso cinco denuncias ante el Ministerio Público (Fiscalía) contra los entonces funcionarios de Gobernación. Declaró que recibieron sobornos para beneficiar a los reos.
El exfuncionario indicó que existen «hechos de corrupción de la Policía Nacional Civil con tráfico de influencias», así como corrupción en el ascenso de policías. «Comisarios generales no pasan el polígrafo por ser amigos de la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia», expuso ante los medios guatemaltecos.
Con la misión de «atacar de raíz el problema», el presidente Arévalo aseguró que la reforma del sistema penitenciario es ahora una prioridad para el Gobierno.
«No podemos seguir permitiendo que las cárceles sean espacios vulnerables donde el Estado pierda el control. Guatemala merece instituciones sólidas y pondré todos los recursos del Estado al servicio de este objetivo. Para esta tarea, contaremos con el apoyo del FBI y otras agencias de seguridad de Estados Unidos de América», detalló.
Otras de las apuestas del Ejecutivo es construir una cárcel de máxima seguridad para albergar a 2,000 pandilleros. Arévalo afirmó que estará en funciones en 12 meses y que contarán con el apoyo del «cuerpo de ingenieros del ejército para contar con los más altos estándares» de seguridad.
Asimismo, reforzarán las prisiones actuales y fortalecerán la seguridad para que el control «esté en manos de las autoridades y no de los criminales».
El mandatario anunció la creación de una Fuerza de Tarea interinstitucional, coordinada por la Instancia de Asuntos de Probidad del Ministerio de Gobernación, junto con la Comisión Nacional contra la Corrupción y los órganos de control interno.
De acuerdo con Arévalo, se encargará de revisar los procesos administrativos y normativos «cerrando espacios a la corrupción, generando controles efectivos, terminando con prácticas ilegales, identificando a los responsables y corrigiendo las fallas estructurales en dos instituciones claves: la Policía Nacional Civil [PNC] y el sistema penitenciario». El Gobierno también impulsará un censo nacional de la población penitenciaria, para tener acceso a la información «efectiva de la identidad y localización de cada privado de libertad». Esta contará con tecnología biométrica. «No descansaré hasta que el sistema penitenciario sea renovado y fortalecido», insistió el mandatario.
PRESIÓN AL CONGRESO
El presidente Arévalo exhortó al Congreso a aprobar la ley antipandillas para aplicar la normativa lo antes posible. El país enfrenta una crisis penitenciaria sumada al contexto de un alza de homicidios desde inicios del año.
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