El despliegue ocurre dos días después de la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 121 fallecidos, en una favela de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, dominante en la ciudad carioca.
Ambos grupos dominan el tráfico de cocaína en Brasil.
Agentes del ministerio público y la policía militar del estado de Sao Paulo (sureste) buscaban cumplir nueve órdenes de detención y una vez de allanamiento en el municipio de Campinas, indicó la fiscalía en una nota.
También fueron bloqueados inmuebles y cuentas bancarias.
El objetivo de la acción es «combatir esquemas de lavado de dinero operados por empresarios, traficantes de drogas e integrantes del PCC», según el texto.
Medios locales informaron que cuatro personas fueron detenidas y otra murió durante el operativo. Las autoridades no confirmaron ese dato por el momento.
En la operación del martes en Río, 117 sospechosos y cuatro policías murieron en los enfrentamientos. Las autoridades también realizaron 113 detenciones y confiscaron más de una tonelada de drogas y más de un centenar de armas.
Organismos internacionales y organizaciones civiles como Amnistía Internacional condenaron la acción policial.
Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este jueves una ley que robustece la lucha contra el crimen organizado y aumenta las protecciones para policías y fiscales.
Entre otras medidas, define como delito la conspiración y obstrucción de acciones contra las organizaciones criminales.
Lula pidió el miércoles que el combate al crimen organizado se realice de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles.
«No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades», afirmó Lula en X.
«Precisamos un trabajo coordinado que alcance la columna vertebral del tráfico (de drogas, ndlr) sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo», añadió.
Lula puso como ejemplo otra operación que tuvo lugar en agosto, definida por las autoridades como el mayor contra el crimen organizado de la historia del país.
El operativo aplicó un gigantesco esquema de lavado de dinero, dirigido por el PCC, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi 10.000 millones de USD entre 2020 y 2024.
