Hay rupturas que simplemente suceden, hay otras que se intentan resolver, y luego está el fenómeno más inquietante de nuestro tiempo: la judicialización de las relaciones. Es decir, cuando un conflicto afectivo deja de ser un asunto interpersonal y se transforma en una batalla legal para destruir al otro, no por justicia genuina, sino por venganza o control, utilizando el sistema judicial como un arma.
Presento tres escenarios concretos: durante el noviazgo, en el matrimonio sin hijos y en el matrimonio con hijos. Durante el noviazgo se puede observar cómo las denuncias por acoso o violencia psicológica pueden ser utilizadas, en algunos casos, no tanto para proteger a una víctima real, sino como un medio para dañar la reputación del otro de manera rápida y contundente.
En el matrimonio sin hijos, la dinámica se vuelve más táctica con medidas cautelares o denuncias que buscan ventajas patrimoniales o dañar la imagen pública del cónyuge. En el matrimonio con hijos, la situación se agrava aún más, ya que a veces se instrumentaliza a los hijos para presionar al otro progenitor en procesos que desvían la atención y los recursos que deberían proteger a las verdaderas víctimas, mujeres en riesgo real de ser agredidas o violentadas.
Muchos jueces se ven sorprendidos por personas inescrupulosas que utilizan el sistema judicial para sus propias batallas personales, desplazando a personas verdaderamente vulnerables que necesitan protección real. Es un llamado a proteger la integridad de la justicia y a no permitir que el sistema legal se convierta en un campo de batalla emocional financiado con recursos públicos.
Debería existir, dentro de las municipalidades o en las dependencias del sector justicia, centros de mediación para que las parejas o las familias puedan dirimir conflictos como una preinstancia, antes de activar el sistema judicial. De este modo se ofrecería una oportunidad de mediación antes de judicializar el conflicto, preservando los recursos del sistema y priorizando la verdadera justicia.
