Los intimados deberán asistir a una audiencia para recibir información sobre vacunación y contarán con 30 días para aplicar a sus hijos las dosis bajo riesgo de trabajo comunitario, multas de hasta 230 dólares al cambio actual o arresto de hasta cinco días, dijo a la AFP el ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero.
«Recién empezamos con esto», aseguró.
En Argentina la vacunación es obligatoria por ley. Incluye dosis gratuitas desde el embarazo hasta los 11 años y refuerzos a lo largo de toda la vida.
La iniciativa de Mendoza se produce en el marco de una caída en la tasa de vacunación a nivel nacional y de la aparición de casos de sarampión y tos convulsa, enfermedades que se creían superadas.
Según datos oficiales, desde 2024 ninguna de las inmunizaciones obligatorias a nivel nacional alcanzó la meta recomendada del 95% y algunas cayeron a la mitad.
«Cumplir con la vacunación no es un acto individual, es colectivo, funciona en la medida en que todos tomemos acción y quien no lo hace pone en riesgo a toda la comunidad», dijo Montero, que prometió más denuncias civiles.
Mendoza emitió en agosto una resolución para endurecer los castigos a quienes omitan vacunar a sus hijos.
«Y está dando resultados, de los primeros denunciados, tres ya cumplieron con la vacunación», dijo el ministro.
Mendoza es una de las provincias con mayor tasa de vacunación, alrededor del 85%.
«Estamos lejos del objetivo del 95%, aunque por encima del promedio nacional del 65%», apuntó el ministro.
«Antes, cuando se avisaba a los padres que en tal semana iría el equipo a la escuela a vacunar, muchos no enviaban a sus hijos. Entonces, para evitar el ausentismo escolar, les dimos la posibilidad de manifestar en un formulario que no quieren inmunizarlos. Eso sirvió para hacer seguimiento de esas negativas a vacunar», base de las actuales denuncias, añadió.
En 2025, Argentina registró unos 35 casos de sarampión y unos 700 confirmados de tos convulsa con siete niños fallecidos.
