En una audiencia especial de ejecución forzosa, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, otorgó un plazo de cuatro meses al exdiputado Douglas Avilés para que pague $322,761.73.
Ese monto es el que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le probó como incremento patrimonial no justificado en un juicio civil, en el cual fue condenado por enriquecimiento ilícito el 28 de marzo de 2023.
Avilés, junto a su esposa, Brenda Quezada de Mejía, comenzó a ser procesado desde noviembre de 2016, cuando magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron que enfrentaran el juicio civil.
En el fallo emitido por la Cámara se determinó que la pareja tuvo un incremento patrimonial no justificado, ratificando el expediente elaborado por los fiscales de la Unidad Anticorrupción.
En la demanda que el ministerio público promovió ante el tribunal superior, se acreditó que Avilés se enriqueció de manera ilícita cuando fue diputado suplente y propietario de la Asamblea Legislativa entre 2009 y 2015, mientras que a Quezada de Mejía se le cuestionó el incremento patrimonial que tuvo cuando fungió como asesora de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República.
El ministerio público probó el enriquecimiento ilícito mediante una pericia financiera contable realizada por un experto, con el objetivo de determinar el monto total con el que se enriquecieron de forma ilegal.
Resolución
En la audiencia especial, los magistrados otorgaron al exdiputado un plazo de 120 días para vender un inmueble y devolver al Estado los $322,761.73, producto del proceso por enriquecimiento ilícito.
Cuando fue condenado, al exfuncionario y a su cónyuge se les hizo saber que la sentencia estimatoria los obligaba a pagar ese dinero; sin embargo, ante el incumplimiento del mandato, la Fiscalía acudió ante la Cámara para presentar un escrito de pago forzoso y solicitar que se les obligara a reintegrar los fondos públicos obtenidos de forma ilícita.
En la audiencia se revisó un informe consistente en el avalúo realizado a una de las propiedades, confirmándose que el precio del inmueble es suficiente para cubrir la cantidad reclamada por el Estado.
