Durante los últimos años, América Latina ha observado con una mezcla de fascinación y debate el denominado por mi persona como método Bukele, ya que en materia de seguridad está mostrando, demostrando, con evidencia, cómo se hace y aplica en orden, en fases, para lograr el control territorial y la erradicación de estructuras de crimen organizado; creado y diseñado por el presidente Nayib Bukele.
El Gabinete de Seguridad Ampliado de El Salvador ha logrado lo que parecía imposible: desarticular el control territorial de las pandillas, reducir drásticamente la tasa de homicidios y disminuir a su mínima expresión los delitos de alto impacto en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la criminología moderna nos enseña que no debemos dejar de lado que el crimen no siempre desaparece, a menudo se transforma o se convierte en otro delito, el campo de batalla se ha trasladado de las esquinas de las comunidades a las líneas telefónicas y el internet.
El secuestro virtual y las ciberestafas no son delitos menores; son la evolución natural de la extorsión en un mundo hiperconectado. A medida que el control físico se vuelve más difícil para los delincuentes debido a la presencia policial y militar, la «ingeniería social» se convierte en su arma más letal. Ya no necesitan un arma en la cabeza de la víctima, solo necesitan un guion convincente, datos obtenidos en redes sociales y un chip telefónico indetectable con el componente del miedo y la agresividad para infundir terror. El secuestro virtual es un delito de terror psicológico.
Aquí es donde surge una oportunidad estratégica inédita. El Salvador, con su capital político actual y su infraestructura de seguridad consolidada, está en una posición única para liderar una fuerza de tarea regional contra el crimen digital y la extorsión telefónica.
Por la experiencia en el control penitenciario. La gran mayoría de los secuestros virtuales y las extorsiones en América Latina, desde México hasta Argentina, se originan paradójicamente desde el interior de las cárceles. El Gabinete de Seguridad Ampliado salvadoreño ha implementado medidas efectivas y permanentes de bloqueo de señal y control de mandos dentro de los penales. Exportar esta experiencia técnica y operativa es urgente. Si la región no sella sus prisiones digitalmente, seguiremos teniendo centros de llamadas criminales operando 24/7 bajo la custodia de los Estados. Dependerá de cada país que quiera el apoyo y la asesoría, si quieren conocer las mejores buenas prácticas aplicadas en El Salvador.
Además, la inteligencia criminal acumulada. Al desarticular las clicas en el terreno, las autoridades salvadoreñas han incautado miles de dispositivos y accedido a terabytes de información sobre cómo fluye el dinero ilícito. Esta información no es local, es transnacional. Las pandillas y el crimen organizado no respetan fronteras; utilizan cuentas «mula» en otros países y servidores en otros continentes. El Salvador posee hoy una base de datos privilegiada que, compartida inteligentemente, podría desmantelar redes de estafa en toda la región. En el ciberespacio se requiere más personal forense digital, se requiere de alianzas ágiles con la banca privada para rastrear el flujo del dinero en tiempo real y la cooperación judicial para que una estafa cometida desde un país hacia otro no quede impune por burocracia diplomática.
La conferencia de los titulares del Gabinete de Seguridad Ampliado ha sido un ejemplo y una lección de liderazgo y de alta capacidad especializada, desnudando redes de corrupción e impunidad en los penales de máxima seguridad en Colombia. En menos de 48 horas, Colombia reacciona y reconoce que desde sus penales se emiten comunicaciones para dañar y afectar sociedades de otros países.
El Salvador ha logrado contribuir no solo a la seguridad en nuestro país, sino en América Latina. El liderazgo ya no se mide solo por cuántos criminales se encierran, sino por qué tan rápido podemos adelantarnos a su próxima llamada. Y esa capacidad la tienen la PNC, la FGR, la Fuerza Armada, Centros Penales y los ministerios de Seguridad Pública y Justicia y de la Defensa Nacional, y la OIE en El Salvador.
