El abogado, Humberto Sáenz Marinero, celebró que el Consejo Administrativo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) rechazó la solicitud de El Salvador de separar el tribunal formado para decidir sobre la controversia con el HSBC Latin American Holdings (UK) que adeuda $49.3 millones al empresario salvadoreño José Antonio Salaverría.
Saénz Marinero es miembro de Novis Estudio Legal, la firma contratada por el banco HSBC.
«Rechazada recusación de El Salvador de todo el panel del arbitraje de HSBC», celebró el abogado.
En 2019, el referido banco perdió un procedimiento contra Salaverría y el Juzgado Primero de lo Mercantil lo condenó a pagar $49.3 millones al empresario. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ese mismo año, la referida Sala negó un recurso de amparo a la defensa del banco DAVIVIENDA, antes HSBC, para modificar la sentencia que la misma Sala ya había dejado en firme.
En la resolución desestimaron la explicación solicitada, debido a que los supuestos conceptos oscuros a los que se habían referido los procuradores del banco, «no han sido acordes a cuestiones de interpretación o significado de los enunciados suministrados en la fundamentación de la sentencia de esta Sala, que han sido claros y suficientes para comprender el sentido del fallo, como también las razones que lo sostienen, así como tampoco procede la reforma requerida», se leía en el fallo.
Sin embargo, en 2021, HSBC inició un proceso de demanda internacional contra El Salvador en el CIADI.
Diversos bancos multinacionales y consorcios internacionales suelen contratar equipos de abogados que se «especializan» en demandas millonarias (arbitrajes) con el propósito de evadir millonarios pagos a los que han sido condenados por las autoridades nacionales de diversos países.
Mediante el procedimiento, la entidad bancaria espera recuperar el monto que le fue impuesto como sanción por la CSJ en el largo litigio que protagonizó con la empresa salvadoreña IJASAL (Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía, de Capital Variable).
En un comunicado de 2021, HSBC atribuyó que la conducta de los tribunales de justicia de El Salvador provocó que se viera ante una demanda de cerca de 50 millones de dólares y denunció denegación de justicia.
Ante eso, la referida Sala rechazó que se estuviera demorando para dar respuesta a la admisión del amparo interpuesto por el banco por la demanda que perdió contra el empresario.
«La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza que en el referido amparo exista inactividad judicial. Por el contrario, sostiene que dicho proceso se ha mantenido en constante actividad procesal», comunicaron en esa oportunidad.
Agregaron: «Dentro de la aludida actividad se encuentra lo relativo al trámite y resolución de recusaciones y excusas de magistrados propietarios. La última de estas cuestiones incidentales fue resuelta en noviembre de 2020, por lo cual la mencionada Sala actualmente se integra con dos magistrados propietarios y tres magistrados suplentes».
En esa oportunidad, la Sala dio a conocer también que «el Tribunal previno a la parte actora que aclarará una serie de deficiencias en la demanda, por lo que se debe analizar el escrito mediante el cual la demandante pretende subsanarlas. Dicho sea de paso, el expediente del proceso de amparo consta, a la fecha, de más de 15 piezas, es decir, más de 3,000 folios», se detalló.
