El avión que trasladaría al exmandatario de 79 años a Países Bajos reanudó su vuelo tras una escala de ocho horas en Dubái, según una página web de monitoreo de vuelos.
No fue posible confirmar si Duterte iba a bordo del avión privado.
El exgobernante fue acusado por la CPI de «crimen contra la humanidad» durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con las drogas.
Pero abogados de Duterte presentaron la mañana del miércoles un recurso ante la Corte Suprema, en representación de su hija menor, Veronica, en el que acusan al gobierno de «secuestrar» al exmandatario y exigen su regreso al país asiático.
«La CPI solo puede ejercer su jurisdicción si el sistema legal de un país no funciona», declaró a periodistas el abogado Salvador Paolo Panelo Jr, quien insistió en que el poder judicial filipino «funciona adecuadamente».
Pero la portavoz de la presidencia, Claire Castro, afirmó que la cooperación con Interpol es prerrogativa del gobierno.
«No se trata solo de entregar a un ciudadano filipino, se trata de entregar a un ciudadano filipino que está acusado de crímenes contra la humanidad, específicamente de asesinato», declaró.
Guerra sangrienta
En una iglesia cerca de la capital, personas con familiares muertos en la guerra contra las drogas discutían el arresto.
«Duterte tiene suerte, tendrá un debido proceso», expresó Emily Soriano en una conferencia de prensa organizada por grupos de derechos humanos.
«No hubo debido proceso para mi hijo (Angelito). Él (Duterte) estará acostado en una cama buena, mi hijo se está pudriendo en un cementerio», reclamó.
Duterte fue detenido la mañana del martes luego de que «Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI», indicó el palacio presidencial.
Un portavoz de la CPI confirmó posteriormente la orden y dijo que se programaría una audiencia cuando Duterte esté bajo custodia del tribunal.
El presidente Ferdinand Marcos anunció la partida de su antecesor la noche del martes.
Pero la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, aseguró su padre estaba siendo «llevado por la fuerza a La Haya», y calificó su traslado como «opresión y persecución».
Simpatizantes del exgobernante consideraron que el arresto fue «ilegal», mientras los adversarios de su guerra contra las drogas lo celebraron.
«Las mujeres cuyos esposos e hijos murieron por la guerra contra las drogas están muy felices», aseguró Rubilyn Litato, dirigente de un grupo de madres de víctimas de la represión.
«Han esperado mucho tiempo por esto», agregó.
