El pacto, firmado este jueves por el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española (CEE), prevé «la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia» que no puedan acudir a la justicia ordinaria, usualmente por prescripción legal del caso, indicó el ministerio en un comunicado.
El acuerdo permite «saldar una deuda histórica moral que teníamos con las víctimas de abusos», ya que «durante décadas ha habido silencio, ha habido ocultamiento, un daño moral muchas veces imposible de compensar», aseveró en rueda de prensa el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El ministro indicó que las reparaciones serán costeadas por la Iglesia, que hasta ahora se había negado a participar en un esquema como este.
«Para nosotros, (el acuerdo) pone un paso adelante más en el camino que desde años venimos ya realizando», afirmó de su lado el presidente de la CEE, Luis Argüello, quien defendió que la Iglesia ya había implementado un mecanismo interno para indemnizar a las víctimas.
Mediante el nuevo sistema, la víctima hará su denuncia ante el Defensor del Pueblo (ombudsman), quien propondrá una reparación que puede ser «económica, moral, psicológica, restaurativa o incluso las cuatro formas simultáneamente», explicó Bolaños.
Si la víctima o la Iglesia no aceptan esa propuesta, la revisará una «comisión mixta integrada por Iglesia, Estado y víctimas», y si ahí tampoco hubiera acuerdo, «prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo», agregó el ministro.
El Vaticano dio «un impulso necesario e imprescindible para llegar a este acuerdo», señaló Bolaños, quien en el pasado trató este asunto con el fallecido papa Francisco y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Ante la inacción eclesiástica y a solicitud del Parlamento español, el Defensor del Pueblo elaboró un informe publicado en 2023 que encontró que desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos, cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los cometidos por laicos en ámbitos religiosos.
La Iglesia emitió su propio reporte, que dio cuenta de 1.057 «casos registrados» en sus distintas diócesis, pero con solo 358 «probados» o «verosímiles».
