El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que se sumará el delito de peculado —apropiación de fondos públicos— a los dirigentes de las gremiales del transporte colectivo que fueron arrestados el pasado lunes.
El mandatario explicó que este delito surge porque algunas rutas le negaron el servicio del transporte a la población, a pesar de que el Gobierno les hizo efectivo el pago por adelantado de más de $12 millones por los días que lo brindarían gratis.
«Este día, a pesar de que ayer [lunes] se realizó el pago por adelantado correspondiente a los siete días de transporte público gratuito, se registraron múltiples irregularidades por parte de algunos transportistas», señaló Bukele.
En efecto, hubo rutas denunciadas por no completar los recorridos ni transportar a los usuarios, tal como sucedió con la ruta 128 de San Francisco Chinameca que bajó a los pasajeros en el excine Apolo, cuando el destino final es el mercado Central.
Al respecto, el presidente señaló: «Algunas unidades no realizaron sus recorridos; otras sí circularon, pero no permitieron que los usuarios abordaran, a pesar de ir vacías; y en varios casos se cobró el pasaje, aun cuando el Gobierno ya había cubierto ese costo».
Al mandatario afirmó: «Además de los delitos señalados anteriormente, en esta ocasión se suma el delito de peculado (es decir, robo de fondos públicos), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron».
Finalmente, el gobernante dejó claro que «se hará cumplir la ley».
El pasado lunes 5 de mayo, la Policía detuvo a Genaro Ramírez, dirigente de AEAS; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202, de Ahuachapán; y los empresarios Alexánder Sorto, de la ruta 205, de Sonsonate; Abel Reina, de las rutas 125, de Chalatenango; y 140, de San Martín; y Nelson David Moreno, empresario de la ruta 79, de La Libertad. Les imputaron incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión.
Por años, la suspensión del servicio de transporte colectivo se utilizó como medida de presión acordada por algunas gremiales del sector para chantajear a los gobiernos de los partidos ARENA y FMLN ante la negativa de retomar temas de su interés, como el aumento de la tarifa del pasaje, la continuidad de las unidades que superan los 20 años de vida útil y la condonación de la deuda por el pago de esquelas.
Estos impases siempre provocaron, en la mayoría de los casos, que los más perjudicados fueran miles de usuarios que a diario se movilizan en buses y microbuses de las diferentes rutas. En esos momentos, los buseros siempre mantuvieron la idea de incrementar la tarifa del pasaje a $0.50, pese a no garantizar un buen servicio.
