Agentes de la patrulla fronteriza han cometido presuntos «abusos» contra migrantes en la frontera con México, denuncian este miércoles dos oenegés en un informe, en el que aseguran que los autores casi nunca rinden cuentas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI) han documentado «conductas abusivas» y aseguran que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) «tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos».
El informe «revela pautas de comportamiento preocupantes de las que rara vez se rinden cuentas» que van «desde el uso indebido de la fuerza hasta la puesta en peligro de personas vulnerables, pasando por la elaboración de perfiles raciales, la confiscación de objetos de valor y documentos o la insubordinación politizada».
Basándose en denuncias puestas por las víctimas o por organizaciones no estatales KBI ha contabilizado 78 quejas formales entre 2020 y 2022 en Arizona (sur).
El 95% de ellas «no acabaron en ningún tipo de medida de rendición de cuentas», es decir que no hubo una investigación adecuada, ni se tomaron acciones disciplinarias y «solo el 5%» resultó en recomendaciones o medidas para el agente.
Y es que el aparato disciplinario del Departamento de Seguridad Interior estadounidense (DHS) y la CBP «rara vez emite castigos significativos por comportamiento abusivo», afirma el informe de más de 80 páginas.
WOLA y KBI «tienen conocimiento de 13 casos de muertes en las que hay razones para creer» que los agentes «pueden haber usado fuerza letal en circunstancias en las que no está claro si enfrentaban una amenaza inminente» o bien «no pudieron evitar la muerte de un individuo bajo custodia».
Pero la mayoría de las quejas son por «sufrimiento», «daños corporales» y «maltrato». Con frecuencia se trata de actos «cotidianos» de crueldad» que apuntan a una toxicidad generalizada».
Por ejemplo, en abril de 2021 varios agentes llamaron «terroristas», «ratas» y «criminales» a una familia salvadoreña, incluida una madre con dos niños pequeños, y les dijeron que no hablaban español cuando quisieron pedir asilo, menciona el texto.
Muchos de los supuestos abusos suceden cuando los migrantes se hallan bajo custodia tras entregarse a las autoridades o ser interceptados.
Los migrantes que llegan al país sin la documentación necesaria para entrar pueden permanecer en las instalaciones de la patrulla fronteriza hasta 72 horas mientras se procesan sus casos, pero en la práctica, según estas oenegés, algunos se quedan «durante una semana o más».
A su salida denuncian condiciones «insalubres en las que se les niega la higiene básica, no tienen intimidad ni siquiera para ir al baño y deben dormir en bancos o en el suelo».
Muchos, «incluidos niños, denuncian que se les niega comida o agua», se lee en el texto.
Familias separadas
«Si sigues quejándote te pondré con los perros», le dijo un agente a una mujer cuando se negó a desvestirse durante un cacheo, según una denuncia citada en el informe.
Algunas familias también sufren separaciones, aunque «la escala no es tan masiva» como durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump.
Suele suceder «si los agentes descubren que no superan una verificación de antecedentes o desean procesarlos».
Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, es decir durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, quien prometió una gestión migratoria «humana y ordenada», 145 niños migrantes fueron separados de sus padres, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense.
También se han producido separaciones entre cónyugues o entre hermanos.
En febrero de 2022 dos hermanos menores de edad no acompañados, cuyos nombres no cita el informe, lo vivieron en carne propia. El mayor, de 17 años, contó al KBI «que fueron llevados para ser procesados e interrogados por separado» pero los agentes le acusaron «de mentir sobre su edad», dijeron «que su partida de nacimiento era falsa» y lo expulsaron. «Desconoció el paradero de su hermano pequeño», denuncia el informe.
El informe no toma en consideración las investigaciones abiertas por las autoridades por iniciativa propia y reconoce que «muchos, si no la mayoría» de los agentes de la CBP «son profesionales que tratan de seguir las mejores prácticas».
