«Acoso a la Sala de lo Constitucional», tituló su editorial la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) el 8 de abril de 2011, en referencia a la denuncia que 11 magistrados presentaron a la Fiscalía contra cuatro que conformaban dicha Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así, durante varios años, la UCA defendió del trabajo de la Sala de lo Constitucional, cuyas resoluciones son de estricto cumplimiento, e inclusive en 2015 hizo un llamado al FMLN a cesar los ataques contra los magistrados y sus sentencias.
Pero su discurso cambió cuando el 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa eligió, siguiendo el debido proceso, a nuevos magistrados. Una de las sentencias de la Sala que más sigue atacando la UCA es la referente a la reelección presidencial.
En su editorial del 6 de junio de 2022 la UCA critica la decisión jurídica, y afirma que «la interpretación de los magistrados va en contra del contexto y la literalidad constitucional», cambiando un discurso que 11 años atrás parecía acorde, ya que reconocía a la Sala como el organismo máximo para interpretar los textos constitucionales.
La UCA fue una de las ongs beneficiadas económicamente por gobiernos anteriores, recibiendo $30 millones por estudios y programas en área educativa.
