Catalogar a las pandillas como organizaciones terroristas es un tema jurídico y no político como afirman diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG), explicó Juan Gilberto Contreras, abogado y máster en Ciencias Políticas.
Durante la entrevista de Noticiero El Salvador, Contreras recordó que fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que en una resolución de 2015 declaró que las pandillas eran consideradas grupos terroristas, por lo que no es válida la postura de las ONG que afirman que se trata de un tema político, cuando ya existe un precedente jurídico.
«Las pandillas ya fueron declaradas grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional; no es un tema político, sino jurídico. Resulta sorprendente que se cuestione esta definición cuando está claramente establecida en una resolución de la Sala de lo Constitucional desde hace años», enfatizó Contreras.
Respecto al juicio masivo de 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, el analista señaló que existen grupos de supuestos defensores de derechos humanos que han difundido ideas erróneas respecto a dicho proceso.
Explicó que se trata de un juicio contra toda una estructura criminal organizada que cometió, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), más de 47,000 delitos entre 2012 y 2022; y no corresponde a procesos individuales.
Además, subrayó que la legislación salvadoreña y su jurisprudencia reconocen a las pandillas como grupos criminales organizados, lo que permite su enjuiciamiento como estructuras y no solo como individuos.
«Cada persona dentro de esa estructura cumplía una función, desde quienes daban órdenes hasta quienes ejecutaban los delitos; sin ellos el andamiaje criminal no habría podido operar. Aquí no estamos viendo el enjuiciamiento de 400 personas, sino de una sola estructura criminal organizada que operaba como una empresa delincuencial», consideró.
A la vez, Contreras afirmó que actualmente se observa una estrategia por parte de algunas ONG y sectores que buscan debilitar una de las políticas más exitosas del país: la lucha contra las pandillas.
Remarcó que el Estado salvadoreño ha implementado una estrategia para resolver una realidad compleja, lo que requería reformas penales y a la Constitución de la República.
«Los pandilleros estaban matando alrededor de 26,000 personas al año. En 2015 fuimos la capital de los homicidios; entonces el Estado sale en defensa de su población porque hay una agresión ilegítima contra su ciudadanía. La estrategia integral es la guerra contra las pandillas», puntualizó Contreras.
