La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 56 votos, dispensar el pago de las multas impuestas por cometer diferentes infracciones establecidas en las recientes reformas de la Ley de Tránsito. Los tres diputados de oposición no votaron.
El objetivo es «establecer un incentivo para el cumplimiento voluntario de las obligaciones establecidas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial», indica la solicitud, enviada al congreso por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Herrera.
En la misma se explica que, desde el 9 de enero de 2025, el Viceministerio de Transporte (VMT) inició con el mecanismo de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero, y el 22 del mismo mes, en la autopista que de San Salvador conduce al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, en Comalapa.
Agrega que el VMT ha identificado que, debido a los cambios de funcionamiento tecnológicos y de ordenación vial y de tránsito, se requiere de un mayor aprendizaje por parte de la población para que pueda conocer, cumplir y adaptarse al mecanismo, para evitar las multas.
La solicitud aclara que la motivación de las reformas de tránsito atiende a la «reeducación y concientización vial para los conductores», y no así para ejercer una «acción coercitiva del Estado ni la generación de ingresos por el pago de multas», tal como explicó el presidente de la república, Nayib Bukele, al anunciar que solicitaría la condonación.
Dania González, diputada de Nuevas Ideas, recordó que, en años anteriores, bajo el terror de las pandillas, la principal causa de muerte eran los asesinatos, pero ahora es la irresponsabilidad al volante, razón por la que se crearon las reformas de la Ley de Tránsito.
«Desde la entrada en vigor de las reformas, el VMT registra más de 12,000 infracciones, que representan $1.2 millones, los cuales serán condonados», detalló.
Los beneficiarios serán aquellos conductores, propietarios o poseedores de los autos multados por cometer las infracciones que se especifican en las reformas de la Ley de Tránsito aprobadas el 20 de diciembre pasado.
El decreto aclara que los procesos judiciales y administrativos por conducción peligrosa, como la suspensión de la licencia, no están contemplados, por lo que seguirán su curso normal.
Asamblea Legislativa ratifica ampliación del mecanismo para reformas
