El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País) creado en 2019 y vigente hasta finales de este año, aplicará una alícuota del 17,5% a este tipo de operaciones que ya tributan otros impuestos.
La medida va a contramano de la política liberal del gobierno, pero a tono con las necesidades fiscales en un contexto recesivo de la economía, con desplome de la actividad y caída del consumo.
A su vez el gobierno autorizó el giro de utilidades al exterior a través de la suscripción de bonos, los que también estarán alcanzados por el impuesto País.
Según el decreto que lleva la firma de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, la medida busca «continuar profundizando los incentivos a la inversión nacional», pero a la vez «garantizando un sendero fiscal sostenible».
El presidente Milei anunció en abril que Argentina cerró el primer trimestre de este año con un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos (309 millones de dólares al cambio oficial), lo que consideró «una hazana histórica» de su gobierno.
Para lograrlo aplicó un draconiano ajuste sobre las jubilaciones y pensiones, paralización de las obras públicas, eliminación de subsidios y congelamiento de presupuestos al nivel de 2023, cuando la inflación interanual roza el 290%.
El costo es una creciente conflictividad social con protestas callejeras y medidas de fuerza como la huelga general a la que llamó la principal la central obrera este jueves, la segunda contra las políticas de ajuste del gobierno desde que asumió en diciembre pasado.
