Un total de siete cuerpos normativos fueron modificados ayer en la sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa, desarrollada con el único fin de entregar más herramientas legales a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), así como financiamiento para seguir el combate contra grupos terroristas que incrementaron su accionar criminal el fin de semana anterior.
Los titulares de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; de la Defensa, Francis Merino Monroy, y de Hacienda, Alejandro Zelaya, junto con el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, acudieron ante el Legislativo a entregar las propuestas, las cuales fueron recibidas por el presidente del parlamento, Ernesto Castro.
La primera reforma, avalada con 76 votos, se hizo del Código Penal, en el sentido que quien decida formar parte de las pandillas será sancionado con penas de 20 a 30 años de cárcel, y la pena se incrementa cuando sean líderes de las pandillas, pasando de 40 a 45 años.
Si quien decide formar parte de los grupos terroristas es una autoridad pública, agente de autoridad pública, funcionario, la pena se agrava hasta en una tercera parte más, y la suspensión absoluta en el cargo.
La segunda reforma fue de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en el sentido que quienes se dediquen a esas acciones y sean pandilleros reciban una condena de entre 20 y 30 años. Se avaló con 75 votos.
El tercer documento analizado en el pleno fue para reformar el Código Procesal Penal en dos grandes áreas: para brindar protección a los jueces que diriman en procesos, de forma que el juez no pueda ser identificado visualmente, ni ningún documento que emita contenga datos personales; y que no sean aplicables medidas sustitutivas a la detención provisional cuando el procesado sea un pandillero o integrante de otra asociación regulada en la Ley de Proscripción de Pandillas.
«Ahora les decimos a nuestros jueces: no teman. Les estamos dando la protección que tanto han necesitado», expresó Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.
Otro cuerpo normativo que se reformó fue la Ley Penal Juvenil, en el sentido de incrementar hasta 20 años la pena por el delito de agrupaciones ilícitas cuando sea cometido por un adolescente de 16 años, y de 10 cuando corresponda a uno de 12 años.
Además, se reformó la Ley del Presupuesto General del Estado 2022, para incorporar $20 millones al ramo de la Defensa y $60 millones al de Justicia y Seguridad Pública, que servirán para comprar equipo, uniformes, vehículos y demás aditamentos.
Aparte de las reformas aprobadas, también se emitió una nueva Ley de Recompensa y Eliminación de Actos de la Impunidad de Actos de Terrorismo, en aras de que se entregue una gratificación a quien dé información o aprehenda materialmente a pandilleros.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública definirá la tasa de recompensas a pagar.
