La abogada y analista política Tahnya Pastor sostuvo ayer, en la entrevista matinal televisiva de Canal 21, que ya es tiempo de que la Asamblea Legislativa regule el fallo de la Sala de lo Constitucional que inhibe a ciudadanos optar a cargos de elección de segundo grado por haber tenido en el pasado una vinculación material con algún partido político.
Pastor dice que es una «deuda histórica» de la Sala el no poner un tiempo de duración a esta inhabilitación, por lo que «tal vez la Asamblea Legislativa lo puede regular» para que estas personas puedan optar a cargos de elección de segundo grado. «El hecho de haber pertenecido o militado en algún partido político en el pasado no debería inhibir de forma perpetua, permanente y eterna a que personas puedan optar a [esos] cargos», considera la profesional del derecho.
La Sala de lo Constitucional declaró en 2011 inconstitucional la elección de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por su vinculación político-partidaria y desde entonces ha declarando otros nombramientos ilegales.
La jurisprudencia constitucional manda desde entonces al congreso, encargado de hacer los nombramientos de segundo grado, verificar y comprobar la no vinculación material de los candidatos a partido político alguno. Pastor considera que es necesario fijar un tiempo para esta inhabilitación, porque el no hacerlo «es violatorio del derecho que se tiene para optar a cargos públicos como funcionarios de segundo grado».
El abogado y analista político Julio Valdivieso, por su parte, se pregunta cuál es el criterio para vincular a los aspirantes y el tiempo para dejar sin efecto esa vinculación. «Eso es violar contra su derecho constitucional a optar a un cargo. Hay que decir el tiempo, si van a ser 10 años, 15 años o 30 años para desvincularse, pero díganlo», reclama.
