La Asamblea Legislativa iniciará la semana próxima la discusión de la reforma al Código Procesal Penal que busca incorporar la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción.
La comisión de legislación y puntos constitucionales del parlamento acordó, en su última sesión de trabajo, convocar a los titulares de varias instituciones del Estado para discutir y debatir la enmienda a la ley procesal penal.
La instancia legislativa recibirá el próximo lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez; al ministro de justicia y seguridad pública, Gustavo Villatoro y al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
La comisión del parlamento también citó para el lunes 30 de este mes al procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar y a la procuradora general de la república, Miriam Aldana.
Los cinco funcionarios debatirán con los congresistas la enmienda a la legislación procesal penal presentada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para que los delitos de corrupción no prescriban y tengan efecto retroactivo.
La enmienda incorpora al Código Procesal Penal, para que no prescriba la acción penal y tenga efecto retroactivo, los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio.
Asimismo, se adhieren a este nuevo catálogo los delitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
«La disposición establece que será de orden público y surtirá efecto de forma retroactiva», ha dicho el parlamento en momentos que indaga desde comisiones especiales la transferencia de recursos públicos a onegés con fines partidarios y políticos y el pago de sobresueldos a exfuncionarios, personas naturales y jurídicas.
La reforma legal busca erradicar la impunidad por el simple transcurso del tiempo de los delitos y además recoge fallos de la Sala de lo Constitucional que sostienen que la práctica de estos actos privan a los ciudadanos de mejores servicios para mejorar su calidad de vida.
«Buscamos combatir la corrupción de forma frontal. La corrupción ha impedido el desarrollo de nuestro país. Buscamos la justicia. Vamos a tratar con los titulares para robustecer este decreto», advirtió el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua.
