La Asamblea Legislativa rechazó con 72 votos la solicitud de indulto en favor de Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado a 30 años de prisión por su involucramiento en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El crimen ocurrió el 16 de noviembre de 1989 y Benavides Moreno -en su calidad de Director de la Escuela Militar- participó en la planeación de las ejecuciones de los jesuitas, a quienes los militares consideraban subversivos al gobierno y Fuerza Armada.
La Asamblea razonó que no podía dar el indulto porque el asesinato de los jesuitas fue un crimen de lesa humanidad, hecho en que también hubo violación a los derechos humanos. Las Naciones Unidas, en su Informe de la Comisión de la Verdad, estableció que este hecho fue un crimen de lesa humanidad.
Además, la Asamblea recordó que el Estado salvadoreño ratificó -el 25 de noviembre de 2015- el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que reconoce que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que amnistiaba esos crímenes.
Benavides Moreno había solicitado el indulto desde el 2017, sin embargo, las anteriores legislaturas tampoco emitieron dictamen favorable a la solicitud.
