Con 65 votos, la Asamblea Legislativa acordó aprobar la nueva Ley General del Recurso Hídrico, marco normativo que regulará el uso, manejo, cuido, preservación, y protección del agua en todas sus formas en El Salvador.
La Asamblea Legislativa creó una comisión ad hoc para analizar la propuesta, y en 15 sesiones de trabajo pudieron consensuar la nueva normativa, en conjunto con instituciones públicas, empresas privadas, universidades, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.
El diputado Christian Guevara destacó que la normativa salda una deuda que por muchas legislaturas no se cumplió. «Ahora podemos decir: ¡Misión cumplida! Entregamos una ley que en verdad va a dignificar a la población salvadoreña», expresó.
De similar opinión fue la diputada Sandra Yanira Martínez, quién ha sido una de las principales impulsoras de la nueva ley desde que se recibió la propuesta en junio recién pasado.
Ella mencionó que «este es el legado que dejaremos a nuestro país. Pasaron 15 años para que la Bancada Cyan llegara y este día aprobemos la ley. Esta fecha será histórica
Entre las valoraciones que hicieron los legisladores es que la nueva ley define como derechos humanos el agua y el saneamiento, y obliga y faculta al Estado a garantizar el cumplimiento de los mismos.
Además, se ordena la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que será el ente rector en materia hídrica, y determinará las políticas públicas para cuidar el agua en El Salvador.
Otro aspecto que se definió es que el agua para uso doméstico no deberá requerir aprobación de la ASA, ni se deberán pagar los cánones que se consignaron para el sector industrial.
Del resto de fuerzas legislativas, el FMLN no dio su apoyo a la iniciativa, y la tipificaron de mediocre. El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol si decidió sumar su voto a la propuesta.
La normativa será enviada al Presidente de la República, Nayib Bukele, quién por mandato constitucional puede sancionarlo y mandarlo a publicar al Diario Oficial, observar el decreto y devolverlo a la Asamblea Legislativa, o vetarlo por violentar la Constitución Política.