Durante años, la extorsión representó uno de los principales flagelos que golpearon a miles de ciudadanos en El Salvador, afectando especialmente a trabajadores, comerciantes y familias que vivían bajo la amenaza constante de las pandillas, de ser asesinados si no entregaban el dinero exigido.
Sin embargo, al analizar el comportamiento de este delito en la última década, se evidencia una transformación significativa en materia de seguridad: las denuncias por extorsión han experimentado una reducción del 84 %.
Dicha reducción ha reflejado un cambio sustancial en las condiciones de tranquilidad y protección para la población, pues de 2,241 denuncias de extorsión que se registraron en 2015 cuando gobernaba el FMLN, las autoridades solo registraron 359 casos en 2025.
La baja en extorsiones es atribuida por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que han permitido frenar el accionar delictivo de las pandillas en El Salvador.
Las denuncias por extorsión han ido a la baja desde 2020 cuando se registraron 1,345 denuncias. Para 2021 la extorsión tuvo un incremento a 1,715 casos denunciados y el 2022 cerró con 1,690. Fue en 2023 que hubo un descenso hasta 732 casos y para el 2024 fueron 377.
Para años anteriores, bajo el gobierno del FMLN, la cantidad de extorsiones fue mucho más alta. Para el 2016 la cifra fue de 2,184, en el 2017 fueron 1,588 y para el 2018 el registro fue de 1,628 y en 2019 se reportaron 2,241 casos.
Uno de los sectores afectados por pandilleros extorsionistas fue el sector transporte. Para 2015, los transportistas dijeron que pagaron alrededor de $34 millones por extorsión a las estructuras terroristas, en 2016 denunciaron el pago de $19 millones y la misma cantidad entregaron a las pandillas para el año siguiente. En el 2018 la extorsión sumó $18 millones y en el 2019 pagaron $16 millones, según estimaciones de las gremiales.
En algunos casos, los transportistas debían pagar extorsión a la pandilla MS en un lugar y pagaban también a la pandilla 18 por transitar en sus territorios. Las extorsiones podían oscilar entre los $15 y $25 dólares por día por cada unidad, según la ruta de los colectivos.
