La Asamblea Legislativa avaló una serie de incentivos fiscales relacionados con los proyectos de estudio de ingeniería del equipo de dragado y la puesta en marcha del Puerto de la Unión, que fue diseñado en el último Gobierno de ARENA y no operado en los 10 años de los gobiernos efemelenistas.
Por la iniciativa de ley votaron a favor los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Algunos diputados de ARENA no votaron y otros marcaron abstención. VAMOS y Nuestro Tiempo también votaron abstención y el FMLN no votó.
El jefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevera, dijo que el Estado salvadoreño ha gastado desde el 2012 aproximadamente $200 millones en el mantenimiento del Puerto de La Unión, pero la obra no ha producido «retorno de inversión» porque los gobiernos anteriores no fueron capaces de operarlo.
Entre los incentivos fiscales se contemplará la exención total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los contratistas, subcontratistas y sus proveedores, la exención total de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) e impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios y las mercancías necesarias para la supervisión, planificación, diseño y realización del dragado y la puesta en marcha de la obra.
También habrá exención total de los impuestos, aranceles y gravámenes relacionados con las adquisiciones, compras y contrataciones relacionadas con el proyecto, y serán eliminados los impuestos municipales y las tasas del Centro Nacional de Registros (CNR).
Las exenciones fiscales estarán dirigidas al Ministerio de Obras Públicas (MOP), personas naturales y jurídicas, los contratistas, subcontratistas y los proveedores que estén involucrados en todas las fases de las obras.
Una de las condiciones para optar a estas excepciones es que los beneficiados deben estar solventes con el pago de las aportaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). De igual manera, deberán de someterse a las obligaciones, plazos y condiciones de los contratos que suscriban, mientras que la operativización de los exenciones y su control estará en manos del Ministerio de Hacienda.
