Aunque en abril intentó terminar con el Título 42, que permite la expulsión inmediata de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, seis meses después, la administración de Joe Biden dio marcha atrás e invocó la misma política que criticó de su antecesor, Donald Trump. Esta vez la usó para denegar el paso de familias venezolanas que intentan cruzar de manera irregular hacia el país norteamericano.
Un estudio publicado por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés) señala que esta es la primera vez que el Gobierno marca la autoridad del Título 42 no por motivos de salud pública, como se impuso con Trump ante la pandemia por la COVID-19, sino como una medida de aplicación de la inmigración. «Esto representa un cambio significativo para un presidente que hizo campaña contra enfoques similares de su predecesor», enfatiza.
Solo en el año fiscal de 2022 (octubre de 2021-septiembre de 2022), los cruces fronterizos de venezolanos alcanzaron los 188,000. «Una cifra sin precedentes», según el instituto, ya que en 2021 los encuentros sumaron 49,000 y en el año fiscal de 2018 las autoridades estadounidenses se encontraron con venezolanos menos de 100 veces en la frontera.
«La política venezolana pone de manifiesto las respuestas desiguales de la administración hacia los migrantes que buscan protección humanitaria», dice el reporte en referencia a las posibilidades de las familias que emigran de Ucrania por la guerra.
A mediados de octubre, el Gobierno Federal anunció la aceptación de hasta 24,000 venezolanos por medio de un plan de permiso temporal para establecerse legalmente en Estados Unidos. Por el contrario, los que intentan llegar sin el debido proceso migratorio son deportados con el Título 42 y, por ende, despojados del asilo.
El programa venezolano apenas representa una cuarta parte del tamaño del proyecto Unidos por Ucrania, que habilitó cerca de 100,000 cupos.
Además, Estados Unidos acordó con México que el vecino sureño aceptará a 1,000 venezolanos deportados al día. Sin embargo, el país cuenta con instalaciones limitadas que no pueden acoger a decenas de miles de migrantes. Esto también ha sido reconocido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha declarado en anteriores ocasiones que el Título 42 viola los derechos humanos de las personas que buscan refugio en Estados Unidos y que no debería existir más.
Por su parte, las autoridades mexicanas encontraron alrededor de 36,000 migrantes venezolanos en los primeros siete meses de este año, pero solo devolvieron a Venezuela a 466 y los informes muestran que no han devuelto a ninguno desde julio.
En cambio, los venezolanos recién expulsados de EE. UU. podrían ser devueltos a otros países latinoamericanos, lo que aumentaría el posible efecto dominó en toda la región.
Para el director de Supervisión de la Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam Isacson, es probable que el Título 42 esté en vigor durante la mayor parte o quizás todo 2023, independientemente de la pandemia, porque la situación indica que es una decisión política.
