E l transporte colectivo es uno de los sectores que fueron más golpeados por la violencia desenfrenada de las pandillas en 2015, pues en ese año hubo 95 homicidios en ataques directos a diferentes rutas que se negaron a pagar extorsión, un delito que representaba hasta $35 millones al año para esas estructuras. Como medida de presión y ante la negativa de pagar la denominada «renta», los mareros asesinaron sin piedad a conductores de buses y microbuses, cobradores, despachos de línea y empresarios, entre otro personal vinculado al sector.
Los homicidios eran cometidos a plena luz del día, cuando las víctimas desempeñaban sus trabajos. Estos ataques obligaron a varias rutas, en diversas ocasiones, a suspender el servicio de transporte por miedo a más asesinatos.
Miles de usuarios se vieron afectados con los paros del transporte; entre ellos, empleados del sector público y privado, comerciantes, estudiantes, maestros, enfermeras y un sinnúmero de familias que tuvieron que movilizarse en pick-ups, camiones y taxis para llegar a sus destinos. Investigaciones fiscales y policiales determinaron que las pandillas llegaron a adquirir buses y microbuses en diferentes rutas —por medio de testaferros— para financiarse su accionar criminal.
En julio de 2015, las maras asesinaron en un período de 24 horas a seis motoristas de diferentes rutas; entre estas, 100, 8, 301, 2 y 4, como medida para presionar al Gobierno del FMLN para que volviera a avalar la tregua entre pandillas que inició Mauricio Funes (fallecido en enero de 2025).
A escala nacional, cerca de un centenar de rutas suspendieron el servicio. El 2016 cerró con 56 asesinatos, mientras que en 2017 hubo 39 en este sector. Previamente, en 2014, fueron cometidos 66 homicidios, y en los últimos seis meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén [2014-2019] se registraron 12 asesinatos.
BUKELE FRENÓ LOS ATAQUES AL TRANSPORTE COLECTIVO
Los buseros tuvieron que esperar décadas para ver cambios reales en seguridad; en junio de 2019, el presidente Bukele implementó el plan de combate a las pandillas, y desde ese momento comenzó a poner fin a los asesinatos y extorsiones en el sector del transporte.
Los resultados fueron contundentes, pues no solo garantizó la tranquilidad de este sector, sino que acabó con los homicidios y las extorsiones. Desde 2022, el transporte colectivo dejó de ser acosado por las pandillas. Actualmente, los empresarios ya ni siquiera son extorsionados ni pagan a los mareros el «aguinaldo» navideño que antes exigían a fuerza de amenazas.
Las bajas que sufrió este sector entre 2004 y mediados de 2019 —período que incluye gobiernos de ARENA y del FMLN—, por ataques armados de las maras, cobraron la vida de 2,452 personas vinculadas al transporte colectivo, según la Mesa Nacional de Transporte.
Actualmente, policías y soldados realizan labores de prevención de delitos en 1,266 rutas. En julio de 2022, el presidente Bukele ordenó a las fuerzas de seguridad garantizar la seguridad de la población que viaja en las 10,150 unidades, de las cuales 6,787 son autobuses y 3,363 son microbuses.
