Sally, de 12 años, era un mar de lágrimas este miércoles. La expulsión del hotel donde pasó junto con su familia colombiana el último año le impidió despedirse de sus compañeras del grupo de Girl Scouts organizado en su refugio de Nueva York.
«Nos tocaba salir a las 11 de la mañana y la clase era a las 6 de la tarde y ya no puede entrar», explica su madre Karol Hernández a la AFP, quien junto a su marido Sebastián Arango y su bebé de año y medio, cargados de maletas, han tenido que empezar el proceso de cero en el centro administrativo habilitado en el Hotel Roosevelt para solicitar nuevo alojamiento.
En plenos rigores invernales, que la noche del martes obligaron a la reubicación de cerca de 2.000 personas alojadas en carpas en Brooklyn por las fuertes lluvias, la alcaldía de Nueva York, desbordada por la crisis migratoria, empezó a ejecutar esta semana las nuevas normas que limitan la estancia para las familias a un máximo de 60 días en el mismo refugio.
Transcurrido este periodo, los solicitantes de asilo tienen que volver a empezar de cero para hallar alguna plaza en alguno de los más de 200 centros habilitados en la ciudad, donde compiten con los recién llegados.
«60 días es muy poco tiempo para una persona que está llegando a la ciudad porque con los procesos legales se tarda mucho más, para un permiso de trabajo, para lograr un TPS (Estatuto de protección temporal)», dice por su parte el venezolano Angelo Chirino, de 22 años, llegado en noviembre a la ciudad con su esposa e hijo de un año.
Más de 160.000 personas, la mayoría latinas -sobre todo venezolanas-, han llegado a la ciudad desde el inicio de la crisis migratoria hace casi dos años, a menudo en buses fletados desde por gobernadores republicanos de estados del sur, como el texano Greg Abbott, en protesta por la política migratoria de la administración del demócrata Joe Biden, en una batalla que tiene la vista puesta en los comicios presidenciales de noviembre próximo.
Desbordado por una avalancha que no para de crecer -unos 70.000 solicitantes de asilo dependen de la ciudad- el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, anunció recientemente nuevas restricciones a la llegada de buses con migrantes a la ciudad y anunció una querella contra las compañías de buses a las que reclama más de 700 millones de dólares por los daños sufridos.
Asimismo, reclama, al igual que alcaldes de otras ciudades, una política nacional, ayudas federales y la agilización de los permisos de trabajo para hacer frente a esta «crisis nacional».
Al igual que decenas de centenares de familias, la centroamericana Blanca, de 35 años, que no quiere dar su apellido por razones de seguridad tenía que abandonar este miércoles el hotel Row donde ha permanecido el último año.
Escolarización afectada
Su hija mayor de 14 años no asistió al colegio por miedo a no saber a dónde dirigirse a la salida, explica a la AFP su madre con lágrimas en los ojos.
Las normas de la alcaldía repercutirán también en los jóvenes, ya que muchos se verán obligados a cambiar de colegio o aumentar el tiempo de viaje en transporte público, lamentan los críticos de las medidas de la alcaldía.
Con dos hijas a cargo, entre ellas una bebé de menos de un año, Blanca tenía que empezar de cero para conseguir un nuevo refugio, en función de las plazas disponibles, lo que solo se puede solicitar el mismo día de la salida del anterior.
«Nadie me está ayudando (para tramitar la documentación). Tendría que pagar (a un abogado) y ¿cómo pago si no tengo trabajo?. Con trabajo, sé que se puede salir adelante con mis hijas», dice.
Círculo vicioso
Sin recursos, sin hablar inglés ni poder trabajar, ni siquiera por horas, porque no tiene con quién dejar a su bebé, el caso de Blanca refleja el círculo vicioso en el que se encuentran muchos solicitantes de asilo monoparentales.
Más suerte ha tenido la nicaragüense Sandra Gómez, quien después de más de 6 meses en el hotel acaba de recibir el permiso de trabajo y se va con sus maletas y su hija Yulisa, de 17 años, y su marido a una casa alquilada con otras cuatro familias al vecino estado Nueva Jersey.
«Ahora tengo que ir a buscar trabajo», dice con una sonrisa, aunque su hija tendrá que cambiar de colegio a medio curso.
Después de casi dos años en Nueva York y sin documentos ni trabajo, el exmilitar venezolano Javier Semeco, de 34 años, acompañado de su pequeño hijo, quiere que le ayuden para irse a Kansas City, en el estado de Misouri.
«Pero no conozco a nadie que me pueda recibir y no me quieren ayudar», dice llorando.
«Yo vine aquí a trabajar, no a depender del gobierno», dice.
