El Gobierno junto a la empresa privada continúa impulsando diferentes proyectos de interés social en El Salvador. En palabras del presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), José Velásquez, esas iniciativas han apalancado la dinamización del sector privado.
Velásquez destacó que esos proyectos ayudarán a disminuir el déficit habitacional en ese segmento.
«Creemos que debemos seguir apostando para atender el segmento de vivienda de interés social, que ha sido el menos atendido en los últimos años. En ese sentido, mantenemos conversaciones con el Ministerio de Vivienda, con la ministra de Vivienda [Michelle Sol], para evaluar cómo fomentar este tipo de proyectos, y sobre todo, cómo los podemos volver asequibles para la mayor parte de la población», añadió.
Para dinamizar este segmento, la gremial traslada las inquietudes del sector al Ministerio de Vivienda para que estas puedan ser canalizadas.
«Obviamente, estas ya son decisiones gubernamentales que no dependen de nosotros, pero hay una excelente comunicación y una buena gestión conjunta, sobre todo actuando como un equipo», remarcó.
Agregó que, en la actualidad, algunos de los agremiados de Casalco ejecutan proyectos de interés social, pero «no son suficientes», por lo que considera que es «necesario seguir trabajando como sector privado y sector público para ofrecer este tipo de vivienda».
«Tenemos conocimiento de que algunos de nuestros socios están ejecutando en este tipo de proyectos, pero creemos que para poder atender el déficit tendrían que ser proyectos masivos de 1,000, 2,000 o hasta 3,000 unidades habitacionales para poder atender la creciente necesidad que existe para este tipo de proyectos», aseguró.
Velásquez se refirió además al reciente cambio al techo de calificación para proyectos de interés social, otorgada por el Ministerio de Vivienda, que se ha convertido en una herramienta fundamental para reducir costos e incentivar a los desarrolladores.
Esta calificación permite que las viviendas que cumplen con los requisitos establecidos —como precios menores a $100,000 y metrajes mínimos de 36 metros cuadrados— puedan acceder a una serie de beneficios y simplificaciones administrativas.
Entre los incentivos más recientes, derivados de esta calificación, se encuentra un acuerdo firmado con ANDA, que permitirá a los proyectos declarados de interés social obtener una reducción en los costos de conexión de agua potable y aguas residuales, representando un ahorro de alrededor de $2,000 por vivienda.
