De todos es conocido el caso Cosavi, ya sea por redes sociales, medios de información tradicionales, etcétera. Cada uno interpreta el fenómeno, sin faltar las intenciones trasnochadas de miembros de la oposición política culpando al presidente Bukele, buscando generar una semilla de cizaña entre la población, buscando hacer creer que es culpa del actual Gobierno. Nada más alejado de la realidad semejante planteamiento.
No haré alusión a los rumores, pues no daré volumen a percepciones que solo buscan tergiversar la realidad de los hechos; sí debo decir que las cooperativas, como es el caso de Cosavi, otras que se han comenzado a mencionar y que podrían tener indicios relacionados al caso por su accionar, y otras que, alcanzadas por los rumores, han salido a desmentir los señalamientos, deben ser auditadas por el ente encargado de supervisar a las cooperativas a escala nacional, y me refiero al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCCOP), que debe jugar en esta situación incómoda un rol protagónico, colaborando con las instituciones como la Fiscalía General de la República, Superintendencia del Sistema Financiero y Policía Nacional Civil, a efectos de continuar las investigaciones y establecer procedimientos de devolución a las personas que en un momento han caído en un limbo.
Gracias al rol del presidente Bukele se está procediendo con el apoyo de las instituciones a los reintegros escalonados de dinero; es decir, un presidente que no se esconde de los problemas de país, más bien sale al encuentro y de manera empática se solidariza con los ahora afectados de dicho acto de corrupción, pues, según medios de comunicación, son más de $35 millones defraudados a la población usuaria de los productos y servicios financieros de Cosavi.
No creo que el Gobierno busque destruir el sistema cooperativo ni mucho menos hacer uso del dinero de los ahorrantes o socios de las cooperativas, tal como lo hace ver el presidente de una cooperativa. Dicho sea de paso, personalmente me defraudaron unos ahorros navideños a finales de los años noventa, pero allí están esgrimiendo su veneno como si no tuviesen cola que les pisen.
Hay que hacer una comparación del caso Insepro-Finsepro, que en los años noventa defraudaron con $130 millones la buena fe de sus ahorrantes, caso descubierto en junio de 1997 y que involucró a prominentes familias salvadoreñas. Hay que recordar que eran tiempos de los gobiernos de ARENA, y como presidente del país el ya fallecido Armando Calderón Sol, haciendo todo un juego mediático, desde crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa hasta tener presos a los directamente involucrados. Se interpeló al entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y la comisión legislativa ordenó su destitución, pero no ocurrió. Finalmente, el presidente del BCR renunció al cargo, producto de la presión social.
El caso fue tipificado como «el robo del siglo» y contó con la anuencia del presidente de la república de entonces, y el dinero se esfumó, nunca hubo devoluciones. Se supo que estaba depositado en paraísos fiscales, lo cual nunca se comprobó.
Ahora veamos el rol del presidente Bukele con un caso de defraudación, estafa o de corrupción: de inmediato gira instrucciones al respecto y de inmediato se procede a hacer las incautaciones para garantizar el dinero de los socios y ahorrantes de la cooperativa, la cual estaba realizando los procedimientos para convertirse en banco.
La población usuaria de estos servicios financieros debe, por el momento, estar tranquila, pues se cuenta con un presidente muy comprometido con su población y con los intereses de esta. Razón tiene cuando en reunión ampliada de gabinete anunció la construcción de un centro de confinamiento para actos de corrupción, venga de donde venga, y no tengo duda alguna de que usuarios de Cosavi con ahorros con sumas superiores a los $100,000 o más serán muy pronto convocados para su respectiva devolución de los ahorros de su vida y para su vida.