Los cercos de seguridad que implementa el Gobierno del presidente Nayib Bukele grantizan la paz y la tranquilidad de los residentes, que anteriormente fueron víctimas de las estructuras terroristas que delinquían a su voluntad.
Hasta la fecha, el Gobierno ha instalado tres cercos: en el municipio de Soyapango y en las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, en el municipio de San Salvador. Las acciones son parte de la fase V del Plan Control Territorial (PCT), que el Ejecutivo lanzó a inicios de este mes para extraer a los pandilleros de los territorios.
Esos cercos también han sido efectivos para reducir las actividades ilícitas. En Soyapango han sido capturados pandilleros perfilados como los autores materiales e intelectuales de varios crímenes; y en la Tutunichapa 1 y La Granjita, además de las capturas, se ha decomisado droga.
Dicho trabajo de seguridad fue destacado por el presidente de la república, quien ha liderado las reuniones de trabajo con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y, la última vez, con la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara.
«No ha habido ni un tan solo muerto en enfrentamientos en ninguno de los cercos. Ninguna operación militar en el mundo ha sido tan limpia… Y con increíbles resultados», escribió el mandatario el 24 de diciembre al anunciar la instalación de los cercos en las dos comunidades capitalinas.
Los cercos de seguridad —implementados por policías y soldados—, la implementación del PCT y el régimen de excepción han permitido que los homicidios se reduzcan a escala nacional. En ese sentido, el mandatario reportó ayer que el lunes cerró sin asesinatos.
«Cero homicidios. Por primera vez, los salvadoreños están disfrutando de unas fiestas de Navidad y fin de año en total seguridad, libertad y paz. Seguimos», publicó el gobernante en Twitter. El viernes, en la cadena nacional de radio y televisión expresó que 2022 ha sido el año en el que el país alcanzó la seguridad, libertad y paz.
Los esfuerzos de seguridad del Gobierno no han sido respaldados por todos los sectores, principalmente por la oposición política representada en la Asamblea Legislativa. En ese lugar, los partidos ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo han votado en contra o con la abstención para la vigencia del régimen de excepción.
Esta medida constitucional, utilizada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para el combate de las pandillas, está vigente desde marzo y este mes se prorrogó por novena ocasión, con los votos de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas y los aliados GANA, PCN y PDC.
Al inicio del período presidencial, los partidos del bloque opositor negaron los votos para aprobar $90 millones para la fase II del PCT y $110 millones para la fase III y alegaron falta de claridad y transparencia para ejecutar los recursos destinados por el Gobierno al combate de las pandillas.
Fue hasta que comenzó la legislatura 2021-2024 que la nueva Asamblea Legislativa (con 56 diputados de Nuevas Ideas de los 84) desentrampó el tema y procedió a la aprobación y ratificación de los recursos con la banca multilateral.
Con los fondos, y como parte de las acciones de prevención de la violencia, el Gobierno ha construido y equipado los centros urbanos de bienestar y desarrollo (CUBO) en comunidades de alto riesgo social por el fenómeno de las pandillas.
