El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, reaccionó al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se resalta la relevancia de los esfuerzos desarrollados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Régimen de Excepción, pero cuestionan su permanencia.
El informe destaca que el régimen de excepción ha sido una medida esencial para la protección de la vida de los salvadoreños, enfrentando de manera efectiva la violencia generada por las pandillas en el país. «Bajo el liderazgo del presidente Bukele, hemos alcanzado avances integrales en seguridad ciudadana, mejorando significativamente la calidad de vida de nuestra población», manifestó Guzmán.
En el marco del Régimen de excepción, las autoridades registran 582 días sin homicidios, la detención de más de 81,000 terroristas, que por muchos años mantuvieron amedrentados a la población honrada y que ante eso, la CIDH, al igual que otros organismos como Human Rights Watch mostraron poca o nula preocupación por las víctimas de las pandillas, que eran las causantes de las mayores violaciones de DD. HH. en el país.
A través de un comunicado, el comisionado enfatiza que el Estado salvadoreño ha tomado decisiones responsables y bien fundamentadas para garantizar la continuidad de estos logros y mantener la paz en todo el territorio y que la implementación de medidas excepcionales ha tenido como principal objetivo salvaguardar los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida y la seguridad personal de todos los ciudadanos.
Guzmán detalló que, en cuanto a las recomendaciones de la CIDH, procederán a revisarlas y analizarlas de manera exhaustiva para evaluar cada observación en su contexto. Reiteró que es importante recordar que cualquier posible violación a los derechos humanos en el marco de este régimen ha sido y seguirá siendo gestionada a través de los mecanismos institucionales que se han fortalecido bajo este gobierno.
El funcionario aclaró que el primer borrador del informe, entregado en diciembre de 2023, fue aprobado de manera unánime, pero la versión final fue aprobada por ajustada mayoría de cuatro votos contra tres. Guzmán explicó que la versión final incluye el voto de dos comisionados, Carlos Bernal y Stuardo Ralón, quienes cuestionaron el rigor del documento y señalaron la falta de imparcialidad y transparencia en la financiación de la CIDH, sugiriendo la posible existencia de conflicto de interés debido a los vínculos financieros compartidos entre la Comisión y algunas organizaciones de la sociedad civil mencionadas.
«Hay que resaltar que el comisionado Bernal, relator para El Salvador, junto con el comisionado Ralón, ha señalado que la metodología empleada en la elaboración del informe podría haber vulnerado el derecho de defensa del Estado salvadoreño, como lo ha alegado el Estado en muchas ocasiones», detalló.
Guzmán señaló que, además de los problemas metodológicos, el informe y las circunstancias de su elaboración ponen en evidencia una preocupante falta de transparencia. «Como se ha revelado, tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como la Open Society Foundation y la Ford Foundation. Esta relación financiera, que no ha sido adecuadamente explicada», planteó.
