El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes), Javier Hernández, reconoció que el actual Gobierno del presidente Nayib Bukele, a diferencia de los gobiernos anteriores, nunca ha utilizado ningún procedimiento para afectar la educación; al contrario, ha trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Educación (Mined) para fortalecer la práctica educativa en el país. También indicó que el Gobierno los ha identificado como socios estratégicos en materia educativa.
«Esta cartera de Estado [Educación], en referencia a otras, ha permitido que el sector privado sea el socio de la educación. No ha ocupado procedimientos administrativos en contra del sistema educativo privado como antes se había utilizado, y como antes sufrimos hasta cierres de colegios privados. Esto no ha pasado hoy, porque el Gobierno ha entendido que somos socios», detalló.
Hernández también reconoció como un «avance» que los estudiantes que se han inscrito en el sistema privado y que recibieron la computadora del Gobierno el año pasado la pueden seguir conservando y utilizando para su aprendizaje.
De igual manera, agradeció al Ministerio de Salud (Minsal) por el acompañamiento técnico con las medidas de bioseguridad desde 2020 hasta 2022, y al Mined por autorizar las clases presenciales este año. Según Hernández, en los gobiernos de ARENA fueron perjudicados por estrategias mal planificadas, ya que entre 2004 y 2009 se desarrollaron procesos que calificó como «maliciosos», especialmente el sistema de categorización y licenciamiento de colegios que inició en 2007, el cual consistió en dos fases: la primera fue verificar que los centros educativos privados cumplieran los requisitos básicos de funcionamiento institucional; y la segunda consistió en la calificación de ocho áreas de requisitos específicos.
El presidente de Acpes denunció que dicho proceso no fue transparente, ya que conoció el caso de un colegio en Soyapango, llamado Colegio Josías, que fue cerrado y no estaba en funcionamiento, y en el listado aparecía categorizado.
«Fue un proceso sumamente malicioso. Para decirle que evaluaron un colegio que ya estaba cerrado y lo pusieron en categoría A», indicó en una entrevista de Frente a Frente. De igual forma, explicó que fue un proceso que desestabilizó el sistema de colegios, pues en un año cerraron 500.
Es decir, que antes de esta evaluación operaban 1,500 instituciones y posteriormente únicamente quedaron 1,000, que es el promedio que opera actualmente. «Recuerde usted la categorización de colegios privados, que fue un sistema punitivo y muy malicioso que se utilizó para cerrar 500 colegios», explicó Hernández.
Sin inversión en educación El Gobierno de Elías Antonio Saca está marcado por tener la menor inversión en educación en las últimas dos décadas. En 2007 destinó únicamente el 2.4 % del PIB, y en 2008 fue de 2.59 %. El año que hubo mayor inversión fue 2004, cuando se registró el 2.6 % del PIB. Por lo tanto, en los cinco años de su administración, el presupuesto para la educación pública tuvo una baja sostenida, entregando la calidad y la infraestructura educativa en pésimas condiciones. Además, en dicha gestión no lograron establecer una vinculación con los colegios, generando un clima de declive para la educación del país.
