Colombia denunció este viernes una «campaña de estigmatización» contra la fuerza pública, que está bajo la lupa de la comunidad internacional por abusos en medio de las protestas antigubernamnetales que sacuden al país desde hace diez días y dejan al menos 26 muertos
«Hay una campaña de estigmatización de las operaciones de la fuerza pública que la mueven en redes sociales con el fin de ponerla en contra de la sociedad», aseguró a Blu Radio el ministro de Defensa, Diego Molano.
La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia en la represión de las manifestaciones contra el presidente Iván Duque.
La declaración de Molano se dio en respuesta a cuestionamientos sobre videos difundidos en redes sociales, en los que manifestantes en la ciudad de Cali (suroeste) denuncian agresiones de policías armados y vestidos de civil en medio de una protesta.
El ministro reconoció que los hombres que aparecen en las imágenes hacen parte de la fuerza publica, pero negó que hubieran agredido a manifestantes y aseguró que se trataba de detectives en un «operativo antiextorsión».
«La contundencia del gobierno es en contra de los vándalos no de los manifestantes», afirmó Molano sin precisar quién estaría detrás de la presunta campaña de desprestigio.
De acuerdo al gobierno y la fiscalía disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia se camuflan entre los manifestantes para hacer «vandalismo» y atacar a la fuerza pública.
Tres uniformados han sido heridos con disparos durante las protestas.
Lo que empezó como una movilización en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en una de las mayores manifestaciones contra el mandatario conservador. Bloqueos en las carreteras han provocado escasez de combustible en ciudades como Cali y Pereira (centro-oeste).
Diálogo con condiciones
La ONU reiteró este viernes su «llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta» en el país de 50 millones de habitantes.
También pidió «garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la Misión Médica y misiones humanitarias», afectados por los bloqueos.
El jueves el mandatario conservador llamó a un diálogo con «todos sectores», incluyendo al Comité del Paro, que impulsa las protestas y agrupa a varias organizaciones.
Sus miembros tienen reclamos variopintos como una reforma a la policía, «renta básica» de unos 250 dólares mensuales para los sectores más pobres, gratuidad en la educación superior, frenar una iniciativa del ejecutivo que busca el regreso de las fumigaciones con glifosato en las regiones donde se cultiva la hoja de coca, entre otras.
Líderes de las protestas condicionaron la negociación y exigieron antes «la desmilitarización de campos y ciudades donde han masacrado a los jóvenes protestando pacíficamente».
El gobierno desplegó 47.500 uniformados en todo el país, para «garantizar la tranquilidad» durante las manifestaciones.
Las marchas han sido en su mayoría pacíficas y han ido aflojando con el paso de los días. En algunas ciudades se presentaron disturbios y choques con la fuerza pública que dejan al menos 26 muertos y más de 800 heridos.
El malestar parece instalarse en uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población.
