La comisión «ad hoc» de la Asamblea Legislativa que estudia el anteproyecto de la ley general de recursos hídricos se instaló ayer y acordó que el jueves de la próxima semana iniciará la ronda de consultas ciudadanas para recolectar insumos, previo a la aprobación de la normativa.
Para el jueves, la comisión recibirá a representantes de la Universidad de El Salvador (UES) y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para que den sus aportes en relación con la normativa.
Asimismo, la comisión, que será presidida por la diputada de Nuevas Ideas Sandra Martínez, invitó al resto de universidades del país para que el jueves también asistan al salón Injiboa del Centro Cultural Cívico Legislativo (CCCL) de la Asamblea y presenten sus aportes teóricos.
El secretario de la comisión «ad hoc» es el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, y explicó que harán una consulta amplia para escuchar a todos los sectores de la población antes de aprobar la ley.
En ese sentido, anunció que la comisión también escuchará al sector religioso, a las organizaciones que ya enviaron propuestas escritas para la construcción de la ley del agua, al sector agroindustrial e instituciones como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
«Reafirmamos que será una comisión consultiva donde se le dará el espacio a la sociedad civil, a especialistas en el tema, a la CEL, a la ANDA y a los sectores ambientalistas», anunció el jefe de fracción de Nuevas Ideas.
La comisión también anunció que las consultas y deliberaciones en relación con la ley serán abiertas a los medios de comunicación y trabajarán por aprobar una ley que garantice el agua como derecho humano y un bien nacional de uso público, es decir, que no podrá ser privatizado.
La presidenta de la comisión expresó que la normativa será aprobada en el plazo de los 90 días al que hizo referencia el presidente Nayib Bukele, y lamentó que durante 15 años la ley solo fue utilizada como instrumento político y discutida en períodos de precampaña y campaña electoral por los partidos que fueron derrotados en las urnas el 28 de febrero pasado.
La legisladora argumentó que la ley también estuvo estancada porque el anterior sistema de partidos defendió los intereses de grupos de poder económico.
