La comisión política de la Asamblea Legislativa recibirá la pieza de correspondencia 7-A, que ingresó ayer durante la sesión plenaria, que contiene la solicitud del grupo parlamentario de Nuevas Ideas para que se ratifique la segunda reforma constitucional.
Se trata de la derogatoria del artículo 210 de la Carta Magna, que se aprobó el 12 de febrero anterior durante la sesión plenaria 43, con el voto de 58 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PDC, PCN y Marcela Villatoro, de ARENA. El tricolor Francisco Lira votó en contra y Claudia Ortiz, de VAMOS, votó en abstención.
En el artículo 210 de la Constitución se reconoce la figura de la deuda política como el financiamiento del Estado a los partidos políticos para que desarrollen su campaña electoral.
El tema generó un debate luego de que lo planteó en X el presidente de la república, Nayib Bukele, que propuso eliminar la deuda política.
Dentro del congreso, los diputados de Nuevas Ideas dieron el primer paso al proponer la ratificación de la reforma del artículo 248 de la Carta Magna, que se aprobó en la última plenaria del período legislativo 2024-2027.
El propósito de esa reforma era agregar una alternativa para que los diputados ratifiquen las reformas constitucionales dentro del mismo período legislativo en que se aprueban, pero con las tres cuartas del pleno; es decir, con 45 votos.
Previo a esta reforma constitucional, las modificaciones de la Carta Magna requerían la aprobación de la mitad más un voto de los diputados, y la ratificación en la siguiente legislatura con los votos de las dos terceras partes; es decir, 63 diputados (tomando en cuenta que la configuración del congreso en ese momento era de 84 diputados).
La ratificación de la reforma del 248 fue por dispensa de trámite, con 57 votos, y fue la antesala para que ahora la comisión política analice en su siguiente reunión —agendada para el próximo martes— la ratificación de la derogatoria del artículo 210 y emita el respectivo dictamen para llevarlo al pleno.
Diversos analistas políticos han señalado que retirar la deuda política del cuerpo constitucional salvadoreño será un factor clave en el combate a la corrupción, pues dicho financiamiento con recursos públicos lo utilizaron las cúpulas de partidos políticos para otros destinos distintos a los establecidos legalmente.
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