La comisión ad hoc para el estudio de la referida ley acordó ayer emitir el dictamen favorable que contiene el proyecto de decreto respectivo, mismo que el pleno legislativo recibirá este día para su análisis y posible aprobación.
Un total de 15 sesiones desarrolló la referida comisión para completar la nueva normativa y determinar cuales serán las directrices que regirán el agua en El Salvador.
En el cuerpo regulatorio se consignó que el acceso al agua será irrestricto y equitativo para la población salvadoreña. Además, el uso doméstico primará por sobre el uso industrial, y se garantizará que los sectores históricamente afectados por servicios deficientes tengan prioridad de atención.
Uno de los puntos que los legisladores discutieron fue el nombre y los considerandos de la ley, misma que quedó definida como Ley General de Recurso Hídrico.
La elaboración de la ley se hizo en conjunto con cinco grandes sectores representantes de la sociedad civil; universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas e iglesias de diferentes denominaciones de fe.
«Han sido quince sesiones transparentes, abiertas. (Ayer) entregamos una ley que va a garantizar el cuido del agua, y reconoce como un derecho humano este recurso», mencionó la presidenta de la comisión, Sandra Yanira Martínez.
Un segundo derecho que quedó plasmado en la redacción es que el saneamiento también será un derecho humano en la misma categoría que el agua. Ambos aspectos garantizan que el Estado está obligado a garantizar agua y un ambiente de calidad.
A la ley se endozará un reglamento del funcionamiento de la nueva Autoridad Salvadoreña del Agua, institución que estará al frente y será el ente aplicador de la nueva ley. sectores representantes de la sociedad civil: universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas e iglesias de diferentes denominaciones religiosas, que dieron sus aportes y valoraciones.
«Han sido 15 sesiones transparentes, abiertas. [Ayer] entregamos una ley que va a garantizar el cuido del agua y reconoce como un dere – cho humano este recurso», mencionó la presidenta de la comisión, Sandra Yanira Martínez.
También, un segundo derecho humano que quedó plasmado en la redacción es el saneamiento, en la misma categoría que el agua. Para ambos aspectos se estableció que el Estado está obligado a garantizar agua y un ambiente de calidad.
A la ley se endosará un reglamento sobre el funcionamiento de la nueva Autoridad Salvadoreña del Agua, institución que aplicará la nueva normativa.
Por otra parte, las juntas de agua también tendrán un carácter jurídico como entes operadores de los sistemas de agua potable, y recibirán autorizaciones para la explotación del recurso por 15 años, con esto se abren los espacios de participación a la sociedad civil.
